Las redes del tercer sector social de Euskadi agrupadas en Sareen Sarea comparten que avanzar hacia un modelo social más igualitario e integrador, comprende garantizar la protección social, la accesibilidad universal para todas las personas en todos los ámbitos, una economía solidaria al servicio de la ciudadanía, el respeto a la diversidad, la promoción de la convivencia y la integración y el fortalecimiento de la iniciativa social.
Creemos en un Estado del Bienestar robusto, democráticamente avanzado y dotado de un sistema de protección social próximo a la persona, con respuestas adecuadas a sus características y necesidades y a las de su comunidad; capaz de detectar necesidades, anticiparse y prevenir; activar capacidades y tejer redes locales; dinamizar distintos apoyos y recursos de la comunidad; promover la participación social a nivel local o incidir más directamente en los agentes locales y en otros agentes que operan en el territorio.
Necesitamos pactos de país que garanticen el desarrollo de las diferentes políticas sociales con los recursos necesarios y con estrategias y objetivos claros. Centradas en la mejora de la calidad de vida de las personas, cuyo objetivo primordial sea elevar las cuotas de inclusión y cohesión social y la igualdad efectiva de derechos, para que nadie quede excluido de unos niveles suficientes de bienestar, de una protección social adecuada, ni de participar en plenitud de su condición humana y ciudadana.
Enfrentamos retos que requieren de la implicación decidida de las instituciones y la sociedad. El cambio demográfico, el envejecimiento acusado de la población vasca y la natalidad más baja de Europa, por poner un ejemplo, modifica nuestra realidad social.
No es sencillo priorizar unos factores sobre otros para avanzar hacia una mayor integración. Citaré algunos de entre aquellos que gozan del consenso de la realidad diversa encarnada por las redes del tercer sector social de Euskadi, y que pueden sumarse o complementar otros factores de incidencia expuestos por otros agentes sociales:
- Políticas coherentes para el desarrollo sostenible y Agenda 2030: impulsar la coherencia de políticas para el desarrollo con objeto de abordar desde un enfoque causal la lucha contra la pobreza y las desigualdades de forma medioambientalmente sostenible, tal y como se recoge en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
- Derecho a un empleo digno: asegurar el derecho de todas las personas a un empleo digno, inclusivo y de calidad, con especial atención a aquellas que tienen más difícil el acceso al mercado laboral, para mejorar su empleabilidad y su plena inclusión social y laboral
- Derecho subjetivo a la vivienda: hacer efectivo el derecho subjetivo a una vivienda digna, adecuada y accesible. Prestar atención tanto a la prevención, como a la asistencia y a la inclusión de las personas sin hogar.
- Acceso universal e igualitario: accesibilidad universal para todas las personas en todos los ámbitos (espacios públicos, transporte, edificación, educación, sanidad, ocio, cultura, deporte, TICs, etc.), implicando a todos los agentes sociales a los que incumbe su aplicación y cumplimiento, así como al conjunto de la ciudadanía. garantizar de manera efectiva el acceso universal e igualitario a los servicios públicos, especialmente de las personas más vulnerables, sin discriminación y en plena igualdad de oportunidades.
- Conservar y fortalecer los sistemas destinados a la garantía de unos ingresos mínimos para toda la ciudadanía desde la perspectiva de doble derecho: asegurar dichas rentas mínimas y políticas de inclusión efectivas para salir de la pobreza y exclusión.
- Apostar por políticas de envejecimiento activo: desterrar los estereotipos negativos de la longevidad y amplíen la esperanza de vida saludable y autónoma.
- Avanzar en la igualdad real de género
- Fomentar la parentalidad positiva, la corresponsabilidad y la conciliación familiar
- Impulsar el desarrollo del Sistema Vasco de Servicios Sociales: desarrollando el modelo comunitario de intervención e impulsando las políticas preventivas y armonizando el sistema para garantizar una provisión de servicios equitativa en los tres territorios de la CAPV.
- Ampliar los recursos para el bienestar social: destinados a políticas que garantizan el bienestar social de la ciudadanía, especialmente de aquellas que afectan a personas que se encuentran con situaciones de mayor desventaja y vulnerabilidad. Incrementar los ingresos para la mejora de estas políticas mediante una fiscalidad progresiva y que combata el fraude y la elusión fiscal.
- Potenciar la economía local inclusiva y sostenible: priorizar en la economía local los criterios de bienestar de las personas y respeto al medioambiente a cualquier otra consideración y promover la aplicación de las clausulas sociales como herramienta en la contratación pública. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas encuadradas en los sectores de la Economía Social y Solidaria y tercer sector no lucrativo.
- Promover la convivencia y gestión de la diversidad: desarrollar políticas de gestión de la diversidad y promoción de la convivencia que favorezcan la integración e inclusión. Impulsar una cultura de convivencia basada en la solidaridad, la corresponsabilidad, el pluralismo, los derechos humanos y la igualdad, que rechace cualquier forma de racismo o discriminación.
- Extender el diálogo civil, la colaboración y cooperación entre el sector público y las organizaciones de iniciativa e intervención social.
