Joseba Azkarraga. Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social: No se pueden establecer diferencias entre los derechos humanos, hay que defenderlos todos
2005-12-16
BREA, Unai
GARMENDIA IARTZA, Koro
En Euskadi, cuando se habla de derechos humanos, da la impresión de que se hace referencia exclusivamente a la violencia ligada al conflicto político...
Porque la violencia de un determinado contexto político resulta muy evidente. El hecho de que el conflicto afecte a todos los sectores políticos explica y justifica su presencia. Pero eso no quiere decir que podamos olvidarnos de otros tipos de violencia que no tienen una naturaleza política tan clara. Lo deplorable es aprovecharse "ideológicamente" de la violencia para ocultar los problemas, no el analizar cada problema en su contexto; de lo contrario, no se podría hacer ningún diagnóstico, ni hallar soluciones.
La presencia de determinadas personas en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco ha dado mucho de qué hablar...
El hecho de que la mera presencia de determinadas personas resulte problemática demuestra que en algunos sectores de la sociedad -no en la mayoría, pero sí en algunos que llaman la atención- el conflicto está muy enraizado. Tanto es así, que los representantes políticos no son capaces ni de sentarse a la misma mesa. Así, ¿a qué solución vamos a llegar?
Usted mismo ha declarado que no se pueden establecer categorías entre los derechos humanos, que hay que defenderlos todos, sin salvedad. ¿Cree usted que algunos derechos humanos tienen en Euskadi más "valor" que otros?
No se puede establecer ninguna diferencia entre los derechos humanos; se deben defender todos. El hecho de desatender unos para defender otros no tiene justificación. Cuestión distinta es que unos derechos humanos sean más básicos, por condicionar la existencia de otros: es el caso del derecho a la vida, por ejemplo. En ese sentido, hay una jerarquía entre los derechos humanos, pero no porque la vida de unos sea más valiosa que la de otros.
Al hilo de la pregunta anterior, hay derechos humanos que nada tienen que ver con el conflicto político, y a los que, quizás, no se les presta la debida atención por parte de los medios de comunicación y de la sociedad. ¿Quedan quizás encubiertos por los actos de ETA o por presos de la banda terrorista, por poner dos ejemplos?
No deberían. De hecho, parece ser que está pasando justamente lo contrario: en nuestro ámbito cultural, las víctimas están acaparando cada vez más atención. El interés de unos pocos no puede sustituir el interés general; de lo contrario, a la hora de solucionar los conflictos humanos, estaríamos prescindiendo de la justicia material y de la equidad.
Cuestión distinta es que los datos objetivos muestren que, en los conflictos políticos, el contexto suele tener un efecto multiplicador. Este hecho viene a explicar la atención que le presta la sociedad. En cualquier caso, no por ello vamos a dejar de reconocer que hay vulneraciones de derechos de primer y de segundo grado.
¿Hasta qué punto se respetan en Euskadi los derechos humanos? ¿Cuáles son, a su parecer, los que más se vulneran? ¿Cómo se debería actuar ante tales casos?
Tenemos que abandonar los complejos. Al formar parte del contexto cultural europeo, también nosotros padecemos sus conflictos y vulneraciones de derechos (discriminación, inmigración, violencia doméstica...). Sin embargo, tenemos un punto a favor, y es que los datos sobre la seguridad ciudadana son muy positivos. Lo que nos caracteriza es, obviamente, la anacrónica y "violenta gestión" del conflicto político. En estos momentos, no obstante, se nota cierto optimismo al respecto.
¿Cómo se pueden solucionar estos problemas?
No hay recetas mágicas para solucionar el problema -que no conflicto político-: o se opta por el modelo europeo, o por el estadounidense. El primero se basa en políticas sociales y solidarias, y las penas constituyen la última de las alternativas. En los Estados Unidos, sin embargo, la sanción penal es la prima ratio, hecho que no hace sino incrementar la violencia; además, a largo plazo reduce las posibilidades reales de disfrutar de los derechos (inseguridad, derecho a la circulación limitado...).
La oleada de inmigrantes de los últimos años ha causado varios problemas en el ámbito de los derechos humanos. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo valora la Ley de Extranjería española?
Es una mala Ley que falla en su propia concepción, al considerar la emigración un problema de orden público y de represión. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿cómo negar a los ciudadanos de estos países el derecho a huir y a encontrar un lugar donde sobrevivir? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir?
Ignoro si algún país europeo cuenta con tantas instituciones sobre los derechos humanos como Euskadi: víctimas del terrorismo, de la represión, familiares de los presos, movimientos por la paz... ¿Es una buena o mala señal?
El dinamismo de la sociedad nunca puede ser mala señal. Sin una sociedad de estas características es imposible profesar la solidaridad, y sin una verdadera solidaridad humana no cabe garantizar la convivencia o mejorar el nivel de vida, por mucho que los políticos de la esfera legislativa establezcan unos determinados fines. Además, las sociedades dinámicas tienen la tendencia de volverse aún más dinámicas. Es la garantía o "vacuna" para que la sociedad no caiga enferma.
¿Cuánto sabemos los ciudadanos sobre los derechos humanos? ¿Estamos bien educados?
La sociedad vasca tiene un correcto conocimiento de los problemas tanto nacionales como internacionales, pero no por ello deberíamos autocomplacernos. Los derechos humanos deben ser el motor de la sociedad, y tenemos que concienciarnos sobre ellos. Los derechos humanos son la columna vertebral de una sociedad justa.
Un derecho muy reivindicado en Euskadi es el de actuar en euskara ante la Administración de Justicia, una problemática que durante los últimos años ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué pasos está dando su Departamento a este respecto?
Es un problema que aún no está del todo solucionado, debido a los retrasos que hay en la euskaldunización de la Administración de Justicia. Está fuera de toda duda que todos los ciudadanos tienen el derecho a utilizar las dos lenguas oficiales ante la Administración de Justicia. Lo difícil es cómo ejercer ese derecho. El Departamento de Justicia ha desarrollado tres líneas de trabajo a este respecto: por una parte, euskaldunizando al personal al servicio de la Administración de Justicia, mediante cursos de entre dos y cinco horas. En estos momentos, el 20% del personal titular acredita su perfil lingüístico correspondiente, y 445 funcionarios -de un cuerpo formado por 2.000 personas- están recibiendo clases de euskara a diario. Por otra parte, se está normalizando el uso del euskara en los juzgados (se han realizado pruebas de empleo de euskara en 30 juzgados y 68 juzgados de paz), y, en tercer lugar, se debe configurar el órgano que preste los servicios públicos en euskara: en estos momentos, estamos elaborando un Decreto regulador de los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo de la Administración de Justicia y un Plan para la Normalización Lingüística. El informe presentado en el mes de septiembre por la Comisión Europea sobre las lenguas minoritarias y la Sentencia del 11 de octubre del Tribunal Constitucional (sobre las competencias del Gobierno Vasco para determinar los perfiles lingüísticos del personal al servicio de la Administración de Justicia) han dado un respaldarazo definitivo a la tesis que venimos defendiendo.
Pese a ser una cuestión que no está directamente relacionada con el objeto principal de la entrevista (los derechos humanos), teniendo en cuenta que es usted el Consejero de Justicia, se lo voy a preguntar: parte de la Administración de Justicia en Euskadi depende del Gobierno Central, y otra parte del Gobierno Vasco. Los jueces, fiscales y secretarios, por ejemplo, son funcionarios del Gobierno español, mientras que los agentes, oficiales y auxiliares lo son del Gobierno Vasco. ¿Qué dificultades entraña esta situación?
Hay tres perspectivas en esta cuestión. Por un lado, parte del personal al servicio de la Administración de Justicia sigue perteneciendo al cuerpo nacional que depende del Ministerio de Justicia. Es una obsoleta situación que se debe modificar, atendiendo a los principios de gestión y eficiencia. Nosotros argumentamos que los secretarios judiciales deberían integrarse en la estructura de la Comunidad Autónoma, porque son los responsables de los despachos y servicios donde trabaja el personal transferido. Los jueces, magistrados y fiscales, por su parte, al depender del Estado, deberían adquirir un compromiso de colaboración interinstitucional, para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Son retos importantes, porque siempre resulta arriesgado que los distintos niveles de competencia actúen sobre un mismo ámbito. Pero, para solventar los problemas, es absolutamente necesario fusionar los ámbitos en los que las competencias confluyen. El respeto hacia nuestro ámbito de competencias, además, nos obliga a actuar en este sentido. Por último, no debemos olvidar que la Propuesta Política aprobada en el Parlamento Vasco el 30 de diciembre por mayoría absoluta recoge expresamente la descentralización de la Justicia y la creación del Consejo Judicial Vasco.
Su cargo abarca asimismo el Departamento de Seguridad Social, una competencia cuya transferencia llevan tiempo reivindicando al Gobierno de Madrid, pese a que, según han declarado, no tienen intención de transferir... Si alguien perteneciente a las más altas esferas políticas declara que no tiene intención de acatar lo dispuesto en una ley, es que algo va mal. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Presidente del Gobierno español con respecto al Estatuto de Autonomía de Gernika. Hemos declarado en reiteradas ocasiones que no vamos a renunciar a ninguna competencia sobre el empleo, por mucho que estén repartidas en diversos campos (activos, prestaciones, inspección laboral...), y, por tanto, son susceptibles de negociarse capítulo por capítulo. Y no vamos a renunciar, porque el título competencial lo conforman todos. Además, estamos hablando sobre competencias que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos vascos. Joseba Azkarraga Rodero (Salvatierra, 1950) Joseba Azkarraga tiene una dilatada experiencia en el ámbito de la política. Ya en 1979 ostentaba el cargo de diputado en el Congreso de Madrid, que ocupó hasta 1982. Pero siguió trabajando en la capital: entre 1982 y 1986, fue representante de la CAV en el Senado, y desde 1986 hasta 1993 se reincorporó al Congreso de los Diputados, esta vez como parlamentario de EA, de cuyo Consejo de Dirección formaba parte (entre 1987 y 1993). En 1999 volvió a la ejecutiva nacional de su partido, donde en la actualidad continúa. Desde septiembre del 2001, es Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Joseba Azkarraga tiene también otras ocupaciones privadas. Es miembro de de Mondragon Corporación Cooperativa, así como director del Sector Público de Caja Laboral, desde 1993.
