Jon Mirena Landa. Responsable de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco: Aunque aumenta la concienciación por los derechos humanos, aún se producen numerosas lesiones en nuestro país
2008-04-18
GÓMEZ DE LA PEÑA, Iker
BELAXE. ITZULPEN ZERBITZUA
La Declaración de los Derechos Humanos celebra su 60º aniversario este año, ¿qué lectura hace el Director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco de la situación en el País Vasco?
Yo diría que la concienciación por los derechos humanos ha aumentado y sigue aumentando. El discurso de los Derechos Humanos está más presente que nunca, y eso es bueno de por sí. Pero con ello no quiero decir que se hayan solucionado los problemas y que no se produzcan lesiones de los derechos humanos... pero debemos subrayar los aspectos positivos. La concienciación es mayor que nunca.
Centrándonos en la situación del País Vasco, ¿qué derechos humanos se lesiona en nuestro país y nuestra sociedad?
Dicho lo dicho, hay dos grupos principales, y un tercero específicamente nuestro. Uno se ubica en torno a la mujer. Las lesiones relacionadas con las mujeres son significativas, históricas. Luego encontramos el grupo relacionado con la inmigración. En ese punto se producen lesiones de derechos humanos flagrantes, en el conjunto de Europa, en la medida en que somos sociedades postmodernas del Primer Mundo. Y posteriormente tenemos nuestro grupo propio, es decir, las cuestiones ligadas con la violencia política. Yo diría que la concienciación con respecto a las acciones y lesiones perpetradas por ETA ha aumentado, y además de forma significativa. Cada vez que se produce una de esas lesiones las reacciones son más prontas y firmes que nunca. Pero en mi opinión también hay otras lesiones ligadas a la violencia política: ahí está la tortura, ahí están las lesiones inaceptables de muchos derechos políticos... En mi opinión la concienciación por estas últimas está descendiendo. Cada uno tendrá sus motivos a ese respecto, pero es una mala noticia. Yo no apuntaré quién es el culpable, pero parece que exista un cierto hartazgo. Hay diversos grupos minoritarios activados contra esas lesiones pero parece que en la sociedad, en general, el silencio es cada vez mayor ante esa situación, sobre todo si lo comparamos con la situación existente en las décadas de los 70-80.
Siendo consciente y aceptando que en el País Vasco se lesionan derechos humanos, ¿qué línea de trabajo sigue actualmente la Dirección de Derechos Humanos? Entre los avances que desea o debe lograr, ¿cuáles considera que son los más urgentes?
Quiero dejar claro que la Dirección de Derechos Humanos no es un órgano de control. Yo no soy la administración de Justicia, ni el Ararteko. Yo soy Gobierno totalmente y mi labor es preventiva, concienciar. Debemos impulsar políticas preventivas y políticas educativas.
¿Qué opinión le merece el trabajo realizado hasta el momento por la Ponencia de Víctimas del Parlamento?
Creo que es un buen trabajo. En el pasado no había una ponencia de víctimas, ni siquiera en Europa, porque la posición de las víctimas estaba enterrada. Eso ha sido un problema pero se ha dado la vuelta a ese problema. Así como ha despertado todo el mundo, aquí debíamos despertar también. La ponencia de víctimas define cómo hay que alimentar dicha política, en qué grupos. Y para ello debemos contar con prestaciones personales, una política de reconocimiento público o una política educativa. Todas esas cuestiones las puso en marcha la ponencia mencionada, y ese mero hecho es motivo de alegría. En lo que respecta a las políticas de las víctimas vinculadas con ETA, hay en marcha numerosas iniciativas que cumplen los estándares. Queda trabajo por hacer, pero estamos en marcha. Sin embargo, hay una gran carencia: en las décadas de los 70-80, por no retroceder más aún, surgieron muchos tipos de terrorismo, y todo ello se esfumó por un gran agujero negro, sin tratamiento de ningún tipo. Yo no digo que haya que sacarlo ahora como venganza, pero es necesario ordenar también esas cuestiones. Hay un trabajo pendiente en ese punto, con el mismo cliché utilizado con las víctimas de ETA pero con las diferencias y adaptaciones pertinentes. Y eso está sin hacer, hay que impulsarlo. Y al efecto es necesario un consenso político y social más amplio.
Sin embargo, la ponencia no toma en consideración a todas las víctimas del conflicto; ¿el Parlamento debería ir más allá y tomar en consideración a todas las víctimas?
Es complicado, ello acarrearía debates encendidos. Ahora tenemos una orden proveniente del Parlamento. Solicita a la Dirección de Derechos Humanos que elabore un informe sobre las demás víctimas consecuencia de la violencia política. Dicho informe define cuáles son esas víctimas, así como qué tipo de políticas y medidas habría que ejecutar para eliminar las lesiones existentes actualmente. En consecuencia, el Parlamento ya ha dado el primer paso. Esperemos que esta vez seamos capaces de sentar una base inicial para poder seguir avanzando por ese camino.
Hablemos ahora de la política penitenciaria. ¿Considera que se actúa con desmesura?
Independientemente de que lo diga yo, objetivamente las condiciones existentes en las cárceles son deplorables. Es algo que venimos denunciando desde hace tiempo en este país. No hay derecho a tener actualmente en vigor una política de dispersión. La primera noticia que deben dar en lo que respecta al ámbito penitenciario es que no hay ninguna política. Es decir, que se respetan los estándares de los Derechos Humanos y dicha política de dispersión es contraria, evidentemente, a dichos estándares. Quienes impulsan y gestionan dicha política lo saben, y están orgullosos y orgullosas. Desgraciadamente, considero que se ha asimilado que se trata de una política o herramienta y eso en su día fue un gran retroceso y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Hay que dar la vuelta a esa situación dejando a un lado, absolutamente, las ideas políticas que una parte y otra pudieran tener. Debemos cumplir los estándares. ¿Que queremos tener otra política diferente? Pues habrá que modificar la legislación vigente ya que ese tipo de políticas en teoría incumplen la legislación vigente, la constitución y los estándares. No seamos hipócritas y reconozcamos que queremos esta política porque no deseamos respetar determinados principios.
¿En qué medida lesiona esta política penitenciaria los derechos de las familias de presos y presas?
¿Qué debe sufrir un o una familiar de una persona encarcelada? Eso sucedía en la Edad Media: cuando una persona delinquía pagaba toda su familia, la expatriaban, quemaban todas sus propiedades... Hemos recuperado ese abuso propio de la Edad Media ya que, en definitiva, estamos castigando a los familiares.
¿Qué puede hacer un preso o presa ante ese abuso?
Esa política es competencia del Estado central, está en sus manos. En el mismísimo momento en que quisieran podría trasladar y mover a presos y presas, y debería hacerlo, porque está en sus manos. No hay necesidad de ninguna reflexión especial, si quisieran lo harían. Las instituciones vascas debemos denunciar esa situación, con calma y sosiego, pero denunciarlo. Conforme pasa el tiempo parece que el mensaje vaya envejeciendo en nuestra sociedad, pero la verdad sigue siendo verdad aunque pase el tiempo. Debemos continuar subrayando que no hay derecho a hacer algo así.
¿Cómo ve la cuestión de la tortura actualmente?
En mi opinión, y no sólo porque lo denuncie el Colectivo contra la Tortura, actualmente se practica la tortura. Amnistía Internacional también lo afirma así. Quizá no haya tortura sistemática, pero la tortura no es algo que se produzca esporádicamente, sino que suele ser un fenómeno que se repite con frecuencia. En todo el mundo y en los acuerdos sobre Derechos Humanos se prohíbe rotundamente la tortura y se definen protocolos para hacer cumplir dichos acuerdos. Es cierto que el Estado español se comprometió y firmó solemnemente desarrollar un protocolo. ¿Qué garantizaba ese hecho? Que se crearía un órgano y que dicho órgano inspeccionaría los centros de detención, las cárceles... para observar qué tipo de trato se da. Pero no lo ha cumplido. En consecuencia, el Estado español se comprometió a desarrollar un protocolo de esa naturaleza y no lo ha hecho. Eso es algo que hay que denunciar. Firmar ese tipo de tratados es una obligación moral pero han dado el paso y aún no han cumplido, ellos deberán aclarar por qué.
¿Cree realmente que la cárcel sirve para reinsertar?
La cárcel tiene varios objetivos, pero seamos realistas: no sirve para reinsertar. Desgraciadamente, a menudo es la última herramienta considerada, pero ese hecho no significa que debamos construir más cárceles. Quizá debamos aceptar que la cárcel en ocasiones es un sufrimiento que debemos padecer en las sociedades pero, en la medida de lo posible, que es una herramienta que debemos mantener. Se oye cada vez más que hacen falta más cárceles, que hay que actuar con más dureza... Llevamos 200 años siendo duros en las cárceles, ¿y cuál ha sido el resultado? Quizá debamos intentar buscar soluciones más imaginativas, buscar otras soluciones a los problemas, ya que las cárceles no sirven.
¿Está contento por continuar en la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco?
Sí, por supuesto. Mi trabajo es un privilegio, intentar luchar al servicio de los Derechos Humanos. Pero también es complicado, porque hay mucho sufrimiento detrás. Queda mucho trabajo por hacer y lo que debemos hacer es fijar las prioridades y lograr avances. Fijamos un objetivo concreto, organizar la Educación en la Paz y la Educación en los Derechos Humanos. Al final se ha aceptado el trabajo realizado en este ámbito. Los grupos opositores han intentado rechazarlo pero no han logrado que se rechazaran los planes. Y es algo que me alegra porque desde este momento contamos con una herramienta adecuada para impulsar la Educación en la Paz y la Educación en los Derechos Humanos. Pero también nos quedan otras tareas por hacer.
¿Y cuáles son los retos principales a partir de ahora? Tal y como se encuentra la Educación en la Paz, hay otros problemas que van más allá de la Educación en la Paz. Los Derechos Civiles y Políticos, la tortura, las víctimas del franquismo, las víctimas del terrorismo... Todo eso está en marcha pero debemos mejorar, debemos implantar más políticas en este ámbito. Jon Mirena Landa Gorostiza (Portugalete, 1968) . Licenciado en Derecho (Abogado economista), Facultad de Derecho, Universidad de Deusto 1986-1991 (sobresaliente-honor) . Doctor en Derecho, Facultad de Derecho, UPV-EHU 1998 (sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado) . Profesor Titular de Derecho Penal UPV-EHU 2001 . Lineas de investigación: (4 monografías, más de 20 artículos, traducciones del alemán…) - Racismo, xenofobia, discriminación y derecho penal - Derecho penal internacional - Delitos de terrorismo - Complicidad (Parte General) . Estancias científicas de investigación en Bayreuth, Freiburg, Hamburg, Heidelberg, Dublín... . Cotraductor del Código penal español al Euskara. . Becario del DAAD en Hamburg y Heidelberg (años 2000 y 2004) . Obtención de la Beca Vom Humboldt (concedida en noviembre de 2006; renuncia el mismo mes) . Director de DDHH del Gobierno Vasco desde noviembre de 2006.
