Quizá para responder bien a la cuestión de la integración y cohesión social de Euskal Herria, habría que comenzar con una breve reflexión sobre el sentido de estos términos. De entrada, pueden parecer valores obvios para la sociedad: ¿quién se opondría a la “integración y cohesión social” de un territorio? El problema es que el concepto de unidad y cohesión social se debe interpretar de manera concreta, y se debe aplicar a la realidad social que tenemos de frente.
Es justo en ese momento cuando podemos toparnos con un problema serio: ¿qué hacemos si las personas y comunidades que queremos integrar no se ponen de acuerdo sobre lo que implicaría o debería implicar su integración y cohesión social, y qué pasa si alguna de estas comunidades se opone al proyecto de cohesión e integración que estamos proponiendo?
Las sociedades humanas no están compuestas por peones que se mueven o encajan a nuestro antojo: más bien, se componen de personas que piensan y opinan, y que desean impulsar proyectos distintos. Por lo tanto, un paso clave en cualquier intento de integración social es, preguntar, ¿qué quieren las comunidades que habitan el territorio o los territorios en cuestión? ¿Cómo se ven y se entienden a sí mismas? ¿Cómo perciben sus comunidades locales y su vinculación con los territorios que las acogen?
En algunos casos, las mismas comunidades de un territorio pueden albergar sentidos de pertenencia contrapuestos: por ejemplo, una parte de los pamploneses se identifica fuertemente con Euskal Herria como marco de su identidad colectiva, mientras que otra parte ve ese concepto con sospecha y desconfianza, como instrumento de un proyecto de integración política en el que no quieren participar.
Estas complejidades sociales no implican que la cohesión social sea algo malo o poco deseable. Sin embargo, sí implican que la busca de una mayor cohesión o integración política, económica, o cultural de un determinado grupo social o territorial, requiere algo más que una maquinaria política o educativa dirigida a esa integración: es necesario consultar a las gentes afectadas para descubrir cuáles son sus intereses compartidos, y qué grado de integración pueden asumir libremente.
Los proyectos políticos y culturales que podemos impulsar deberían ser apoyados por un gran número de ciudadanos, si queremos sacarlos adelante sin generar nuevos conflictos sociales y políticos, o reactivar viejos conflictos.
Suponiendo que hacemos una consulta de la opinión de una amplia gama de stakeholders sociales, no solo municipios y pueblos, sino también asociaciones civiles como empresas, universidades, iglesias, escuelas, y asociaciones deportistas, el tipo de propuesta de integración social que tendría mejores posibilidades de encontrar un genuino consenso social sería claramente una propuesta que deja una gran parte de soberanía o autonomía social y política en las manos de asociaciones locales para que ellas puedan, dentro de los límites del orden público, alcanzar sus propios fines.
Si contamos con una gran diversidad social, cultural y política, y sabemos acomodar esa diversidad institucionalmente, podremos avanzar hacia una mayor integración social, económica y política mediante colaboraciones multilaterales entre distintas comunidades que apunten a fines reconocidos como valiosos por todas las comunidades implicadas.
Así, la cohesión social no sería una imposición unilateral, sino un proyecto común que ilusiona a todas las comunidades implicadas. De ese modo, no trataremos a estas comunidades como peones o instrumentos de poder, sino como agentes o stakeholders cuya voz es digna de ser escuchada y tomada en cuenta.
