El proceso de paz en el País Vasco: el rol desempeñado por la sociedad civil y los electos locales

1. Introducción

La Conferencia Internacional de Paz de Aiete y el posterior anuncio del final de su actividad armada por ETA están considerados como el inicio del proceso de paz en el País Vasco (Urteaga, 2021a; 2021b), sabiendo que un proceso de paz es un “esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia (…) mediante negociaciones que pueden requerir la mediación de terceros” (Fisas, 2010: 4). Con esta definición inicial se destaca la idea según la cual “un proceso no es un momento puntual, sino un conjunto de fases o etapas alargadas en el tiempo, en las que intervienen todos los actores afectados, en un esfuerzo colectivo para, en un momento determinado, alcanzar acuerdos que permitirán acabar con la situación anterior, dominada por la violencia y el enfrentamiento armado, para dar paso, mediante el diálogo y el consenso, a pactos o acuerdos que pongan fin a la violencia física, y, mediante la implementación de los acuerdos, iniciar una nueva etapa de progreso y desarrollo que permita superar igualmente las violencias estructurales que propiciaron el surgimiento del conflicto” (Fisas, 2010: 5).

Por lo cual, este artículo privilegia un análisis en términos de proceso de paz (Fisas, 2004; 2010). No en vano, aunque no constituyan el marco teórico de referencia, esto no significa que no se pueda recurrir puntualmente a perspectivas que centran su atención en la acción colectiva (Fillieule, 1992), el enmarque discursivo (Benford, Snow y Plouchard, 2012), las dinámicas de contención (McAdam, Tarrow y Tilly, 2001), las políticas públicas (Urteaga, 2010), la gobernanza territorial (Urteaga y Ahedo, 2004; Ahedo y Urteaga, 2005), las redes sociales (Ciballi, 2020), las estructuras de oportunidades políticas (Kitschelt, 1986; Tarrow, 1995) o la resolución de conflictos (Lederach, Neufeldt y Culbertson, 2007; Ramsbothan, Woodhouse y Miall, 2011; Bosi, Giugni y Uba, 2016).

En general, los procesos de paz constan de fases de negociación y mediación, pero solamente se consolidan cuando desembocan en unos acuerdos que son objeto de una implementación efectiva. En ese sentido, si la ratificación del acuerdo representa un momento clave, por su transcendencia y visibilidad, solo constituye el punto de partida de etapas decisivas que condicionarán el fin definitivo de la confrontación armada. Esto significa que ciertos procesos se han consolidado, mientras que otros “se han quedado con las intenciones y se han malogrado por el camino”, generando una frustración manifiesta por “el incumplimiento de las expectativas creadas” (Fisas, 2010: 5).

En ese sentido, existen varios modelos de procesos de paz que “están muy relacionados con el tipo de demanda que subyace en cada uno de los conflictos. En otras palabras, el tema de fondo [en] discusión es el que determina el modelo de proceso” (Fisas, 2010: 6). Puedan distinguirse cinco tipos principales.

• El modelo de reinserción “se refiere a aquellos casos donde un grupo armado accede a dejar las armas a cambio de recibir facilidades para reintegrarse a la sociedad”, acogiéndose a un programa de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), donde sus miembros se benefician de prestaciones económicas, ayudas sociales, asistencia sanitaria y acompañamiento educativo. Ese modelo ha prevalecido en Angola con los miembros del FLEC (Fisas, 2010: 6).
• El modelo de reparto del poder prevalece cuando los grupos armados aspiran a compartir el poder para integrar las instituciones y gestionar los recursos económicos del país. Ese modelo predomina en países africanos, tales como Burundi, Costa de Marfil, República Democrática del Congo o Somalia. No en vano, en el seno de los gobiernos de transición que resultan de estos procesos, los antiguos beligerantes tienden a ocupar los puestos clave en detrimento de los actores civiles (Fisas, 2010: 6).
• El modelo de intercambio significa que la paz implica una contrapartida en otro ámbito. Así, el proceso de paz israelí-palestino supone la paz a cambio de territorios, mientras que los procesos de paz que han tenido lugar en Salvador y Guatemala (Centro de Estudios de Guatemala, 2016) contemplan una democratización de los regímenes respectivos como contrapartida al fin de la lucha armada. Asimismo, en Sudáfrica, la ANC ha renunciado a la confrontación armada para participar en un proceso de negociación y de reconciliación que lo ha conducido a acceder al poder político vía elecciones libres.
• El modelo basado en la aprobación de medidas de confianza se ha privilegiado en el proceso seguido por India y Pakistán para la resolución del conflicto en la región de Cachemira. “Desde 2003, ambos países han tomado una serie de medidas bilaterales y recíprocas que permite distensionar las relaciones y lograr que la frontera entre ambos países (…) sea cada vez menos relevante (Fisas, 2010: 7).
• El modelo de autogobierno “se refiere al logro de alguna forma de autogobierno para aquellas regiones con demandas de autonomía o de independencia, en (…) arquitecturas políticas intermedias. Es lo que ha permitido lograr la paz en Irlanda del Norte, en Indonesia [o en] Sudán, y es la base de la negociación con el MILF en Filipinas” (Fisas, 2010: 7-8).

Más allá de la diversidad de estos modelos, a menudo, los procesos en vigor se inspiran en procesos análogos que han tenido lugar en otros países, tomando ejemplo en las metodologías seguidas, las reivindicaciones formuladas o los mediadores solicitados (Gómez Peña, 2013). De hecho, aunque todos los conflictos y sus respectivos procesos de paz sean diferentes, cada uno consta de aspectos que despiertan el interés de otros territorios. Por consiguiente, es frecuente que actores de un proceso (que se trate de gobiernos, de grupos armados o de ambos a la vez) observen atentamente, busquen recomendaciones o viajen a otros países de cara a inspirarse en beneficio de sus propios procesos o para encontrar la manera de superar las dificultades a las que se enfrentan o podrían enfrentarse en el futuro (Fisas, 2010: 8).

De la misma forma, los procesos de paz son elitistas, en la medida en que implican ante todo los actores primarios, que son las organizaciones armadas y los Estados con la asistencia eventual de mediadores internacionales, a la imagen del proceso colombiano con la participación de las FARC, del gobierno colombiano y la mediación de Cuba, o participativos, con una parte activa de los actores locales, que se trate de electos o de representantes de la sociedad civil, al ejemplo de los procesos guatemaltecas o surafricanos, “en los cuales la sociedad civil ha desempeñado un rol preponderante, [tras la creación] de estructuras participativas que han permitido dar la palabra a la sociedad, tanto en los momentos iniciales como en unas fases más avanzadas del proceso” (Fisas, 2010: 21).

No obstante, múltiples actores intervienen en los procesos de paz en momentos determinados. Observamos que “los niveles más habituales de participación de la sociedad civil en los procesos de paz corresponden a la primera y la última etapa, las referidas a la prevención y al post-acuerdo o implementación, mientras que a la diplomacia paralela le corresponde un rol más activo en la fase de pre-negociación. A la diplomacia oficial, en cambio, le [incumbe] una actuación en prácticamente todas las fases” (Fisas, 2010: 21).

Pero, ¿a qué modelo corresponde el proceso de paz en el País Vasco y cuáles son sus especificidades? Avanzamos la hipótesis según la cual, tras los fracasos de los procesos de negociación sucesivos entre el gobierno español y ETA acontecidos desde el inicio de los años ochenta, ante el rechazo del gobierno de emprender nuevas negociaciones bilaterales y tras la prohibición de los partidos pertenecientes a la izquierda independentista vasca consecutivamente a la aprobación de la ley de partidos, a fin de desbloquear la situación y de crear las condiciones de una paz duradera y evitar así que las nuevas generaciones se vean confrontadas a la violencia política y a la represión estatal, los actores del territorio se han comprometido, recurriendo a veces a la desobediencia civil (Zin, 2010; Cervera-Marzal, 2013), a fin de favorecer el fin de la lucha armada, el desarme de ETA y su disolución definitiva, pero también para resolver les consecuencias del conflicto y, en especial, la suerte de los presos y de las víctimas, todo ello, para construir una convivencia perenne asentada en bases democráticas (Foro Social, 2020). En ese sentido, el proceso de paz en el País Vasco se distingue por el rol desempeñado por la sociedad civil (Urteaga, 2008) y los electos locales, a la vez, como instigadores y acompañadores (Urteaga, 2020a; 2020b).

2. Los antecedentes del proceso de paz en el País Vasco

El proceso de paz actual ha sido precedido por varios intentos llevados a cabo en la península ibérica desde inicios de los años ochenta (Pozas, 1992), poco después de la aprobación de la ley de Amnistía de los presos en 1977, de la Constitución española en 1978 y del Estatuto de Autonomía del País Vasco un año más tarde. En efecto, previamente al golpe de Estado militar fallido del 23 de febrero de 1981 (Busquets, Aguilar y Puche, 1981), ETA político-militar inicia conversaciones con el Estado español a fin de negociar el fin de la lucha armada, el porvenir de los presos y la de los miembros de esta organización armada que se hallan en la clandestinidad (Fernández Soldevilla, 2009; 2013). ETA-militar, de su parte, emprende unas negociaciones durante la segunda mitad de los años ochenta con el Gobierno socialista de Felipe González en Argel con la intención de negociar los cinco puntos de la Arternatiba KAS (Egaña, 2015). A pesar del anuncio de varias treguas y la realización de ciertos avances, estas se terminan el 4 de abril de 1989 (Egaña y Giacopuzzi, 1992).

Les conversaciones posteriores se inician en 1998 bajo el Gobierno conservador de José María Aznar, poco después de la firma de la Declaración de Lizarra-Garazi y el ulterior anuncio, por primera vez en su historia, de un alto el fuego unilateral e indefinido por parte de ETA. Aunque la tregua se haya prolongado durante catorce meses y que unas discusiones hayan tenido lugar en Suiza, estas se interrumpen el 3 de diciembre de 1999 y la ruptura se materializa el 21 de enero de 2000 con el atentado contra el teniente-coronel Pedro Antonio Blanco García en Madrid. El último intento se produce entre 2005 y 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (Murua, 2010). A pesar de que el proceso haya sido apoyado por el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo, y que unos progresos hayan sido observados en el transcurso de las negociaciones que han tenido lugar en Ginebra y Oslo, todo ello, gracias a la mediación del Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant y el padrinazgo del Gobierno noruego, estas fracasan, entre otras razones, tras un cambio de interlocutor en el seno de ETA y el atentado de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas (Murua, 2015).

El fracaso de estas negociaciones, en un contexto de ilegalización de los partidos independistas vascos al sur de la Bidasoa como consecuencia de la aprobación de la Ley de partidos (BOE, 2002), y el rechazo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de iniciar nuevas negociaciones bilaterales entre ETA y el Estado español, conducen la izquierda independentista vasca a emprender una profunda reflexión sobre la marcha a seguir durante los próximos años (Letamendia, 2013). Esto desemboca en un distanciamiento progresivo con la organización armada y la decisión de privilegiar vías estrictamente democráticas para alcanzar objetivos políticos (Batasuna, 2010).

Tras un periodo de pulso intenso, del que la izquierda independentista sale victoriosa, esta última solicita la mediación internacional. A partir de ese instante, el Grupo Internacional de Contacto (GIC), liderado por el abogado surafricano Brian Currin, se pone manos a la obra para conseguir el apoyo de personalidades internacionales que firman el Acuerdo de Bruselas el 29 de marzo de 2010 (Whitfield, 2014). En respuesta a esta Declaración, el 5 de septiembre 2010, ETA anuncia, en un vídeo grabado de antemano y enviado a la cadena de televisión británica BBC, que, a partir de entonces, “no llevará a cabo ninguna acción armada ofensiva” (Urteaga, 2017: 137). Posteriormente, el 10 de enero de 2011, ETA anuncia un alto el fuego permanente y averiguable. En su continuidad, el 9 de febrero, la izquierda independentista vasca crea el partido Sortu que rechaza explícitamente cualquier uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos. Esto lleva los partidos Eusko Alkartasuna, Alternatiba y miembros de la izquierda nacionalista vasca a crear la coalición Bildu que obtiene unos resultados inesperados para sus promotores en las elecciones municipales y forales del 22 de mayo de 2011. Así, en el escrutinio municipal, consigue el 25,45% de los sufragios, lo que equivale a 276.134 votos y 953 concejales (Gobierno Vasco, 2011).

Esto desemboca en la Conferencia Internacional de Aiete que se desarrolla en Donostia el 17 de octubre de 2011 en presencia de personalidades internacionales de primer plano, entre los cuales figuran el antiguo secretario general de la ONU y Premio Noble de la Paz, Kofi Annan; el antiguo Primer ministro irlandés, Bertie Ahern; la antigua Primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland; o, el antiguo ministro del Interior galo, Pierre Joxe (Verbeke, 2011). La Conferencia de Paz supone un avance significativo en la resolución del conflicto vasco (Urteaga, 2017: 140). De manera análoga, los principales actores concernidos por el conflicto, a ambos lados de la frontera, participan en la Conferencia Internacional durante el transcurso de la cual exponen brevemente sus puntos de visto a su propósito. La declaración final, leída al término de la Conferencia, consta de cinco puntos. El primero interpela la organización armada ETA para que haga una declaración pública de alto el fuego permanente y de cese definitivo de su actividad armada, y que se comprometa a iniciar un diálogo con los Gobiernos francés y español.

El 21 de octubre de 2011, en respuesta al llamamiento realizado por la comunidad internacional, ETA publica un comunicado en el cual anuncia su decisión histórica de poner fin definitivamente a la actividad armada (Murua, 2016). Una vez esta etapa superada, un acuerdo alcanzado entre ETA y el Gobierno español, titulado Hoja de ruta resultante, contempla que unas negociaciones se desarrollarán en Oslo entre los beligerantes sobre las consecuencias del conflicto. No obstante, como consecuencia de la victoria del Partido Popular (PP) en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 (Gobierno de España, 2011), este rechaza entablar cualquier conversación con la organización independentista vasca y no envía, por lo tanto, ninguna delegación a Noruega, contrariamente a ETA. Además, el Gobierno de Mariano Rajoy prosigue la política represiva del Estado español y no consiente ninguna flexibilización de su política penitenciaria. Ante esta situación de impasse, donde los Gobiernos español y francés no hacen concesión alguna, emerge en el País Vasco norte un movimiento civil a favor del proceso de paz que conseguirá, junto con los electos locales, unos avances sustanciales en materia de proceso de paz (Fisas, 2004; 2010).

3. Bake Bidea, el Foro Social y las diferentes declaraciones

A inicios de los años 2010, varios actores políticos, sindicales y asociativos de Iparralde deciden formar un movimiento ciudadano a favor del proceso de paz denominado Bake Bidea que actúa, tanto en el País Vasco norte como en la capital francesa, organizando foros, seminarios y conferencias, además de participar en manifestaciones masivas así como en las conversaciones entre la delegación de Iparralde y el ministerio de Justicia galo a fin de flexibilizar la política penitenciaria. Esa labor se traduce igualmente en la Declaración de Baiona negociada y ratificada por los principales actores sociales e institucionales del territorio y en el Manifiesto de París firmado por 110 personalidades. Estas declaraciones aspiran a contribuir a la consolidación del proceso de paz de cara a evitar cualquier involución.
 

Bake Bidea. Fuente: http://www.bakebidea.com
 

3.1. Creación y acción del movimiento ciudadano Bake Bidea

De hecho, a pesar de la invitación de la comunidad internacional a sentarse a negociar y las iniciativas tomadas por los actores locales, los Estados situados a ambos lados de la frontera no parecen desear iniciar conversaciones mientras que la organización independentista no proceda a su desarme.

En ese contexto, los promotores de Bake Bidea estiman que es importante “llevar los Estados a tomar la medida de las posibilidades [ofrecidas por] la instauración de un diálogo” (Bake Bidea, 2021a). Asimismo, consideran esencial que “los representantes políticos, los actores locales y la sociedad civil en su conjunto crean unos espacios de discusión en torno a las claves del proceso de paz” (Bake Bidea, 2021a). En ese sentido, no piensan dejar la exclusividad de la resolución del conflicto a los beligerantes y consideran que esta tarea incumbe a toda la sociedad y que la construcción de una paz justa y duradera supone la participación de todos los actores. Este movimiento ciudadano se estructura progresivamente a fin de encarnar la pluralidad de la sociedad vasca y ganar en eficacia. Estima que, solamente con la participación y la movilización más amplias posibles, el País Vasco conseguirá poner en marcha “un proceso que garantice el respeto de los derechos democráticos” (Bake Bidea, 2021a).

Una vez constituido, Bake Bidea organiza una serie de actividades. El primero de ellas, organizada en colaboración con la plataforma ciudadana Lokarri y la Facultad multidisciplinar de Baiona, se desarrolla en la capital labortana el 12 de diciembre de 2012. El objetivo principal de esta iniciativa es “comprender el contexto y el alcance de [la] Conferencia Internacional [de Aiete], pero también medir los avances realizados y [contemplar] las etapas venideras” (Bake Bidea, 2021l). El Foro toma la forma de mesas-redondas “a fin de favorecer el diálogo y los intercambios entre los intervinientes. Estos últimos se caracterizan, [ante todo], por su experteza en cuanto al tema abordado” (Bake Bidea, 2021l). Como especialistas reconocidos en la resolución de conflictos o como contribuyentes a la Conferencia de Aiete, su participación al Foro permite “poner de manifiesto el interés, la complejidad y los retos de la Declaración de Aiete y del proceso de paz en el País Vasco” (Bake Bidea, 2021l). Estos intervinientes se distinguen, asimismo, por su diversidad, dado que “el Foro quiere ser (…) un lugar de debate abierto, en el cual el conjunto de las corrientes que participan en el proceso están representadas y pueden expresarse” (Bake Bidea, 2021l). Esto da cuenta de la voluntad de los promotores de fundar el Foro por la paz “sobre los principios de pluralismo y de tolerancia, pero también de imparcialidad. La moderación de los debates por periodistas profesionales, así como el carácter universitario de esta manifestación, [contribuyen] a garantizar el respeto de estos principios” (Bake Bidea, 2021l).
 

Conferencia humanitaria por la paz en París. Fuente: http://www.bakebidea.com
 

A su vez, Bake Bidea organiza unos ciclos de conferencias-debates y de cine-debates a fin de dar a conocer el proceso de paz a la población y suscitar una toma de conciencia al respecto (Bake Bidea, 2021t). Así, en abril de 2016, un cine-debate es organizado, en colaboración con el cine de Donapaule, sobre el estado del conflicto en Colombia. La proyección de la película Impunidad es seguida de una discusión con Eneko Gerrikabeitia, coordinador general de la ONG Mundu bat.

No en vano, lejos de limitarse al País Vasco norte, las actividades realizadas por Bake Bidea se desarrollan asimismo en París donde se encuentran los principales centros de decisión. Así, Bake Bidea organiza en la Asamblea Nacional francesa, en colaboración con el GIC, la Fundación Berghof, Conciliation Resources y la Liga de los Derechos Humanos (LDH), la Conferencia humanitaria para la paz en el País Vasco el 11 de junio de 2015. Por primera vez, en el corazón de la capital gala, “parlamentarios, electos y diversas asociaciones, del País Vasco [norte] y de París, [responden] conjuntamente [al llamamiento] a favor de un proceso de paz en el País Vasco” (Bake Bidea, 2021u).
 

Conferencia Internacional de Aiete. Fuente: http://www.bakebidea.com
 

Posteriormente, el 27 de enero de 2016, un Seminario es organizado por Bake Bidea, en colaboración con la Universidad París-La Sorbona y en cooperación con los investigadores del Instituto de Estudios Irlandeses, sobre Los presos y el proceso de paz. Este seminario se interesa por “la cuestión de los detenidos en el proceso de paz, su estatus y el rol que pueden desempeñar en la transición del conflicto a la paz” (Bake Bidea, 2021v). Es cuestión de “proceder a un estudio comparativo entre Irlanda del Norte y el País Vasco, en lo que concierne los retos, los escollos y las perspectivas del proceso de paz” (Bake Bidea, 2021v).

Por último, una conferencia, titulada El sentido de la condena después de la paz, es organizada el 13 de diciembre de 2018 en la sede del Colegio de Abogados de París. Ideada por la Comisión de juristas para la paz en el País Vasco y la Orden de los Abogados de París, con el apoyo de Bake Bidea, aspira a informar el público galo sobre el proceso de paz en vigor en el País Vasco. La primera parte está dedicada a las evoluciones históricas de ETA y de la represión estatal, mientras que la segunda parte está consagrada a las posibles evoluciones de las decisiones judiciales tras la disolución de ETA (Bake Bidea, 2021z-q).

3.2. Conclusiones y recomendaciones del Foro Social

Teniendo en cuenta la implicación de los actores locales y el interés suscitado en la población del territorio, Bake Bidea y Lokarri deciden lanzar el primer Foro Social[1] para impulsar el proceso de paz. La edición inicial se desarrolla los 14 y 15 de marzo de 2013 en Iruñea y Bilbao. Se trata, para los organizadores, de alcanzar dos objetivos fundamentales: “ofrecer una vía a la participación civil en el proceso [y] encontrar nuevas ideas para reforzar el proceso” (Bake Bidea, 2021m). Tiene lugar un año después del fin de la lucha armada decretada por ETA y tras la legalización del partido de la izquierda independentista vasca Sortu. Sus promotores observan que, a pesar de los avances constatados, numerosas cuestiones están pendientes de resolución y apenas han progresado durante ese periodo. Tres aspectos son puestos de manifiesto: 1) “la definición de la agenda que concierne el desarme y la reinserción de los presos y de los refugiados”; 2) la garantía de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; y, 3) “las maneras de hacer frente al pasado y de sentar las bases para la reconciliación” (Bake Bidea, 2021m).

El segundo Foro Social, que se desarrolla en junio de 2014, presta una atención particular al respeto de los derechos humanos de las personas apresadas y a su reintegración. En el marco de ese Foro, “los especialistas de los derechos humanos [así como] de la reintegración social y de la participación de las personas encarceladas [intercambian] diversas propuestas para [elaborar una serie de recomendaciones]” (Bake Bidea, 2021x).

En 2016, se desarrolla el tercer Foro Social en Gernika que subraya el camino recorrido durante ese periodo y las diferentes Declaraciones publicadas. Toma igualmente en consideración las palabras pronunciadas por representantes de ETA en entrevistas concedidas a medios de comunicación y el comunicado difundido por esta organización. Al término de los debates, los promotores del Foro Social hacen un llamamiento a “los Estados francés y español [para que faciliten] el trabajo de destrucción de las armas, de las municiones y de los explosivos o, al menos, [para que no lo obstaculicen]” (Bake Bidea, 2021o). El Foro Social considera, además, que “el proceso de destrucción del armamento requiere una Comisión de Supervisión y de Verificación constituida sobre el modelo de la Comisión de Verificación Internacional” (Bake Bidea, 2021o).

3.3. La Declaración de Baiona y el Manifiesto de París

Mientras tanto, los partidos políticos y los sindicatos, tanto del País Vasco norte como del Hexágono, no permanecen inactivos, puesto que desean contribuir a la consolidación y al posterior éxito de este proceso. Quieren evitar la persistencia de cualquier germen susceptible de envenenar el conflicto. Así, en la continuidad de la Conferencia de Aiete y del Foro que aspira a impulsar el proceso de paz, los actores sociopolíticos del territorio inician un largo proceso de conversaciones que desemboca en la firma de la Declaración de Baiona el 24 de octubre de 2014.

En su introducción, los firmantes recuerdan que, como “representantes electos del País Vasco [norte] para algunos o en representación de sus partidos para otros, [aprueban], a título personal o en nombre de [sus] organizaciones, la Declaración de Aiete y los puntos que contiene, como una hoja de ruta transitoria y válida para [conseguir] la paz” (Bake Bidea, 2021r). Esto los conduce a reunirse y a obrar desde entonces, “unidos por un fuerte compromiso, de cara a aportar una contribución al proceso de paz” (Bake Bidea, 2021r). El documento resultante refleja el consenso alcanzado sobre numerosos puntos y contiene unas propuestas susceptibles de suscitar una amplia adhesión de la sociedad vasca. Por esta vía, desean “identificar las oportunidades reales para tomar medidas que favorezcan la vida en común y fijar las bases de una paz duradera en el conjunto del País Vasco” (Bake Bidea, 2021r).

El documento se divide en tres partes; sabiendo que la primera alude al diálogo entre el Gobierno francés y ETA, la segunda concierne las consecuencias del conflicto y la reconciliación, y, la tercera se refiere al marco jurídico del País Vasco norte.

No en vano, los actores políticos, sindicales y sociales del País Vasco norte son perfectamente conscientes de que, puesto que la responsabilidad de la aprobación de algunas de estas medias incumbe al Estado francés, es indispensable suscitar la adhesión de electos, juristas y personalidades franceses, cuya mayoría se halla en París. De ahí la idea de entablar vínculos y complicidades con estas personas.
 

Foro por la paz en Baiona. Fuente: http://www.bakebidea.com
 

Esa labor de larga duración da lugar a la redacción y a la posterior ratificación del Manifiesto de París para la paz en el País Vasco el 11 de junio de 2015. Los firmantes de ese Manifiesto lanzan su llamamiento en la Asamblea Nacional, lugar que encarna la legitimidad democrática y el apego a los valores y principios universales, tales como la promoción de la paz. Tras recordar los avances observados desde la Declaración de Aiete y el fin de la actividad armada de ETA, inscribiéndose en la continuidad de la Declaración de Baiona, los firmantes de ese Manifiesto subrayan el apoyo demostrado por la sociedad vasca en su conjunto a este proceso. No obstante, “si los esfuerzos [consentidos] para crear las condiciones de la paz traducen una fuerte determinación de amplios sectores de la sociedad vasca y [gozan] de apoyos cada vez más numerosos en el ámbito internacional, conviene recordar que estos esfuerzos no pueden ser unilaterales y que el éxito vendrá igualmente y necesariamente del compromiso de los Gobiernos francés y español en la búsqueda de una solución al conflicto” (Bake Bidea, 2021d).

4. Los Artesanos de la Paz y la operación de Luhusoa

Ante el rechazo persistente de los Estados español y francés de permitir un desarme unilateral de ETA, unas personalidades conocidas de la sociedad civil del País Vasco norte, que se autodenominan los Artesanos de la Paz[2], deciden ponerse en contacto con la organización armada a fin de ayudarla a desarmarse parcialmente. Esto desemboca en la operación de Luhusoa que se salda por la detención de estas figuras locales. Dicha operación policial suscita una viva emoción en la población del territorio, tanto entre los electos como en la sociedad civil organizada, y desemboca en una fuerte movilización a favor de su puesta en libertad. Ante la magnitud de la movilización y la reprobación que suscitan estas detenciones en la mayoría de los medios de comunicación, la Justicia gala decide proceder a su liberación condicional. Las autoridades francesas toman conciencia de los efectos no-deseados del alineamiento de la política antiterrorista francesa sobre aquella de sus homólogas españolas.

4.1. Las etapas previas al desarme parcial de ETA

Después de haber mantenido su delegación en Noruega durante un año y medio, la organización armada opta por repatriarla de un común acuerdo con el Gobierno noruego que procura unos pasaportes diplomáticos a sus componentes (Esnaola, 2017: 54). La estancia en el país nórdico es utilizada por ETA para obrar a favor de un desbloqueo de la situación. Esta nueva estrategia se apoya en una iniciativa unilateral que se dirige a la sociedad vasca y que cuenta con la colaboración de esta última. Ese cambio de paradigma se produce durante la primavera de 2013 (Esnaola, 2017: 55).

El desarme deja de ser una moneda de cambio para convertirse en un medio para superar los obstáculos puestos por los Estados español y francés y favorecer el inicio de un nuevo ciclo político basado en la acumulación de fuerzas soberanistas. Esto implica, para la organización armada, privilegiar una activación de la sociedad civil organizada, en colaboración con la clase política del País Vasco norte que hace gala de unidad. Supone, igualmente, involucrar la comunidad internacional con la cual ETA mantiene contactos regulares a través de los mediadores. De hecho, los intercambios son constantes con los verificadores internacionales, como lo afirma la organización armada el 17 de marzo de 2013. La colaboración prosigue también con el Centro Henri Dunant (Esnaola, 2017: 55).

A partir del mes de enero de 2013, la Comisión Internacional de Verificación se reúne con los actores sociopolíticos del País Vasco para comunicarles que el proceso está bloqueado. Al mes siguiente, durante una comparecencia ante la prensa efectuada en Bilbao, la CIV precisa que su misión consiste en verificar el respeto del alto el fuego de ETA (Esnaola, 2017: 63). ETA pide entonces a la CIV que prosiga su labor y la ayude a efectuar el sellado de sus arsenales, solicitud aceptada por dicha Comisión. La organización le dirige una propuesta precisa de sellado en abril de 2013. Estima que la implicación internacional es esencial a fin de legitimar y dar credibilidad a su iniciativa (Esnaola, 2017: 64).

Después de varios meses de preparativos y gracias al apoyo de los principales actores sociopolíticos y de las instituciones vascas, todo está listo (Esnaola, 2017: 64). ETA y la CIV optan por comunicar el sellado y la entrega de algunas armas y explosivos a través de un vídeo; sabiendo que semejante operación es arriesgada, dado que no se beneficia del consentimiento de los Estados español y francés. Difundiendo estas imágenes, pretenden demostrar que el proceso se ha iniciado efectivamente y que no se limita a meras declaraciones. Esta escenificación no se dirige a los Estados sino a la sociedad vasca, en sus componentes sociales e institucionales, y a la comunidad internacional (Esnaola, 2017: 69).

La grabación se efectúa en Toulouse, lo que implica un amplio dispositivo de seguridad, la participación de numerosas personas y una coordinación minuciosa, habiendo sido realizada de manera clandestina (Esnaola, 2017: 70). La grabación es difundida al público el 21 de febrero de 2014 por la Comisión Internacional de Verificación durante una comparecencia efectuada en el Hotel Carlton de Bilbao. Ram Mannikkalingan subraya, durante su presentación, que se trata de un primer gesto efectuado por ETA que tiene un gran valor simbólico (Esnaola, 2017: 71).

No obstante, las críticas no se hacen esperar, especialmente a propósito del escaso número de armas y de explosivos inventariado (Esnaola, 2017: 75). Peor aún, al día siguiente, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, convoca a Madrid los miembros de la CIV para que den cuenta de este vídeo como testigos. El domingo 23 de febrero, Ram Manikkalingan, Ronald Kasrils y Chris Maccabe declaran ante el juez. A fin de mostrarles el apoyo del Gobierno Vasco, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y, Jonan Fernández, secretario general de Paz y convivencia de ese Gobierno, se desplazan a Madrid (Esnaola, 2017: 73).

Es la primera vez que los miembros de una comisión de verificación internacional son convocados por un juez en el ejercicio de sus funciones, lo que suscita sorpresa e indignación. Se trata de un aviso a navegantes dirigido por el Estado español a los mediadores internacionales a fin de hacerles comprender que su contribución al proceso de paz vasco no está bien vista por las autoridades ibéricas. De hecho, el Gobierno español no desea que la organización armada pueda proceder a su desarme y permitir así el inicio de un nuevo ciclo político en el País Vasco (Esnaola, 2017: 74). Las operaciones policiales que se producen entre septiembre de 2013 y marzo de 2015, entre otros, contra el movimiento ciudadano Herrira, el entorno del Colectivo de Presos Políticos Vascos y los abogados de los detenidos vascos, dan cuenta de ello.

Francia comparte esta estrategia, dado que, cuando Brian Currin y otros miembros del Grupo Internacional de Contacto se disponen a participar en el segundo Foro Social para la paz el 1 de marzo de 2014, deben acudir a la sede de la Policía Judicial de Baiona para prestar declaración en virtud de la orden dictada por la juez antiterrorista Laurence Le Vert. Brian Currin, Silvia Casale, Pierre Hazan, Raymond Kendall y Alberto Spektorowski acuden a la sede policial mencionada (Esnaola, 2017: 75).
 

Foro Social. Fuente: http://www.bakebidea.com
 

Ante semejante situación, los actores sociopolíticos de Iparralde no permanecen inactivos, en la medida en que existe una posibilidad real para que el Gobierno francés pueda evolucionar en materia de desarme y, más aún, en lo que concierne la política penitenciaria, dado que Christiane Taubira es ministra de Justicia (Esnaola, 2017: 85). Paralelamente, a pesar de los obstáculos puestos por los Estados español y francés para que la Comisión Internacional de Verificación pueda efectuar su labor, este continúa colaborando con ETA, no sin dificultades (Esnaola, 2017: 87). Aspira a obtener el apoyo de los actores vascos e internacionales. Múltiples encuentros tienen lugar en Ámsterdam, Bruselas o Estambul para evitar cualquier confrontación con las Justicias española y francesa (Esnaola, 2017: 88).
 

Reunión de la delegación de Ipar Euskal Herria en el Ministerio de Justicia.
Fuente: http://www.bakebidea.com
 

Al mismo tiempo, desde el mes de enero de 2016, ETA está en contacto con los Artesanos de la Paz (Esnaola, 2017: 94). Estos contactos están precedidos de encuentros entre el responsable de la Fundación Manu Robles Arangiz en Iparralde Jean-Noël Etcheverry, el sindicalista agrícola Mixel Berhocoirigoin ya que fue responsable del sindicato ELB (Itçaina, 2005), y el presidente de honor de la Liga de Derechos Humanos Michel Tubiana. Posteriormente, Etcheverry y Berhocoirigoin se desplazan a París y Tubiana viaja al País Vasco norte para reunirse. Para no despertar sospechas, toman medidas de seguridad citándose en lugares neutros y cambiando de lugar en cada ocasión. Ningún intercambio se produce por vía telefónica o telemática (Esnaola, 2017: 95).

A lo largo de los intercambios, que tienen lugar por correo postal, la confianza se instaura poco a poco entre los Artesanos de la Paz y la organización armada. Desde el mes de junio, la decisión está tomada de proceder a la destrucción parcial de los arsenales de ETA antes de finales de año (Esnaola, 2017: 95). Las reflexiones y las discusiones giran en torno a las modalidades de ese desarme parcial, a la vez, desde el punto de vista logístico y desde la perspectiva de la comunicación. Los dos meses siguientes están consagrados a la elección del lugar del desarme, al número y al tipo de armas puestos a disposición por ETA, a las modalidades de traslado, a la compra de material que permita la puesta en desuso de las armas, etc. (Esnaola, 2017: 97). Queda por fijar la fecha. Se elige finalmente el 16 de diciembre de 2016 (Esnaola, 2017: 99).

4.2. La operación de Luhusoa y la puesta en libertad de los Artesanos de la Paz

La operación de desarme parcial de ETA está prevista al atardecer en el caserío Errekartea que pertenece a la periodista del semanario Mediabask, Béatrice Molle. Este caserío está situado en el municipio de Luhusoa (Esnaola, 2017: 10). Desde la víspera, Jean-Noël Etcheverry activa y distribuye a sus compañeros así como a personas encargadas de vigilar los alrededores, unos teléfonos móviles comprados en diferentes lugares de París. Ante el riesgo de ser detenidos por la policía, Etcheverry graba en su teléfono móvil unos mensajes susceptibles de ser enviados a diferentes medios de comunicación local y hexagonal. Etcheverry y Berhocoirigoin trasladan igualmente el material necesario a la destrucción de las armas de ETA que depositan en una habitación de unos cincuenta metros cuadrados (Esnaola, 2017: 12).

Los arsenales están inmersos en diez cartones de gran tamaño y un cartón de tamaño inferior, todos ellos sellados. Según la organización armada, representan el 15% de sus arsenales a los que tiene accedo sin correr el riesgo de ver sus miembros detenidos por las fuerzas del orden. En total, los cartones contienen 48 armas, 2 granadas, 66 kilogramos de explosivos, 2.540 metros de detonadores, 2.000 balas, etc. Cada cartón consta de una lista en la cual figura su contenido (Esnaola, 2017: 15). Está previsto que las pistolas sean perforadas y que los cañones de los fusiles sean serrados. Se contempla igualmente que, una vez esa labor acabada, gracias a las iniciativas tomadas a nivel internacional, el pastor protestante norte-irlandés Harold Good se desplace al caserío Errekartea para constatar la destrucción de ese arsenal y sirva de verificador internacional (Esnaola, 2017: 21).

No obstante, ese programa no es llevado a cabo en razón de la operación policial efectuada por las fuerzas del orden. En efecto, varios vehículos se aproximan al caserío a gran velocidad y unos policías penetran en Errekartea por la puerta principal. Jean-Noël Etcheverry se encierra entonces en una habitación colindante para enviar los mensajes grabados previamente y luego se deshace de su teléfono móvil que será encontrado posteriormente por la policía (Esnaola, 2017: 25). Estos mensajes, que constan de textos y fotos, llegan instantáneamente a 29 medios de comunicación, agencias de prensa y periodistas (Esnaola, 2017: 26).

Durante la operación policial, Etcheverry, Bergouignan y Etxegarai son detenidos inmediatamente, mientras que Berhocoirigoin y Molle son arrestados escasos minutos más tarde. La operación es llevada a cabo por una cincuentena de agentes del RAID, de la División Antiterrorista y de la Policía Judicial. Unos especialistas en explosivos están igualmente presentes (Esnaola, 2017: 22). La operación es ordenada por el Fiscal general de París, François Molins, como jefe de la Fiscalía nacional antiterrorista (Esnaola, 2017: 27).

El semanario Mediabask, que es uno de los órganos de prensa destinatarios de los mensajes enviados por los Artesanos de la Paz, los difunde a través de su página web a las 22h30. Los promotores de esta iniciativa son perfectamente conscientes de que, en ese tipo de casos, la batalla del relato se gana en las primeras horas, de ahí la importancia que estos mensajes sean difundidos lo más rápidamente posible. Desean que los periodistas, pero también los electos, los jueces, los poderes públicos y los habitantes del territorio tengan todos los elementos de comprensión. El diario Le Figaro y la página de investigación digital Mediapart se hacen eco igualmente de esta noticia. Todos los medios de comunicación están sorprendidos por la identidad de las personas que se autodenominan Artesanos de la Paz. Lejos de ser miembros de ETA, se trata de personas conocidas de la sociedad civil organizada, tanto del País Vasco norte como de Francia. La mayoría de los medios de comunicación, tanto local como hexagonal, cuestiona la pertinencia de semejante operación policial (Esnaola, 2017: 29).

El 17 de diciembre por la mañana, los detenidos son llevados a la comisaría de Baiona, donde son interrogados a lo largo de la tarde (Esnaola, 2017: 31). Etxegarai, Berhocoirigoin y Bergouignan son igualmente trasladados a sus domicilios respectivos para proceder a sendos registros. Proceden de manera análoga con Etcheverry al día siguiente. El 18 de diciembre, los acusados reciben la visita de sus abogados que les informan de los acontecimientos transcurridos la víspera en Baiona, en particular la rueda de prensa dada por numerosos electos y representantes de la sociedad civil organizada en el hotel Le Bayonne y, posteriormente, la organización de una gran manifestación de apoyo que reúne a alrededor de 4.000 personas (Esnaola, 2017: 109). A todo ello se añade la carta dirigida por numerosos electos locales al Gobierno francés, cuya lectura es efectuada en la Casa de las Asociaciones de Baiona, en presencia de 150 electos.

A pesar de ello, la jueza de las libertades y de la aplicación de las condenas, Malika Cottet, decide prolongar la detención preventiva durante 48 horas. Los policías hacen saber a los detenidos que serán trasladados a París al día siguiente. Efectivamente, son llevados al aeropuerto de Biarritz para tomar un vuelo a destino de la capital gala (Esnaola, 2017: 35). A su llegada al aeropuerto militar del Bourget, son trasladados a la Dirección General de la Seguridad Interior en Levallois Perret. Posteriormente, el 20 de diciembre, son llevados al Palacio de Justicia a fin de comparecer ante el juez de instrucción, Christophe Teissier (Esnaola, 2017: 35-36). En el transcurso de su comparecencia ante el juez de instrucción, este les hace saber los cargos retenidos en su contra y sus decisiones en cuanto su puesta en libertad. Todos son liberados y puestos bajo control judicial.

4.3. De Lohusoa a los preparativos del desarme de ETA

Lejos de detenerse, los Artesanos de la Paz desean culminar el proceso de desarme. El 2 de febrero de 2017, una fuente próxima al ministerio del Interior hace saber a los Artesanos de la Paz que el Gobierno galo ha cambiado de posición sobre el desarme de ETA. Ese cambio se deriva del movimiento de apoyo resultante de la operación de Luhusoa, de las cartas intercambiadas con ETA, de la disposición de los Artesanos de la Paz a proseguir su labor y de la posibilidad de efectuar un desarme completo con plenas garantías de seguridad (Esnaola, 2017: 117). El 10 de febrero, durante una visita realizada a Biarritz por el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Marc Ayrault se expresa en ese sentido (Esnaola, 2017: 120). Y, el 17 de febrero, Mixel Berhocoirigoin se reúne en París con el portavoz del Gobierno, Olivier Le Foll, con el cual se ha entrevistado anteriormente (Esnaola, 2017: 117).

El 20 de febrero, durante la XXV Cumbre franco-española que se produce en Málaga, François Hollande informa a Mariano Rajoy de su decisión de permitir un desarme completo de ETA y le pide que no interfiera (Esnaola, 2017: 123). Cuatro días más tarde, el ministerio del Interior francés informa a los Artesanos de la Paz del contenido de estas conversaciones. La única condición puesta por el Gobierno francés es que el desarme de ETA no dé la impresión, en particular a las autoridades españolas, que resulta de un acurdo previo entre la organización armada y el Estado galo (Esnaola, 2017: 124).

Durante este periodo, tienen lugar unos contactos entre los Artesanos de la Paz y ETA así como entre los activistas, las instituciones vascas situadas a ambos lados de la frontera y la CIV (Esnaola, 2017: 119-120). A fin de preparar las mentes, Bake Bideak anuncia, el 24 de febrero, su intención de organizar un Foro para el desarme los 17 y 18 de marzo en el Casino Bellevue de Biarritz (Esnaola, 2017: 124-125).

A pesar del poco tiempo restante, tanto los Artesanos de la Paz como el Gobierno socialista desean proceder al desarme antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales prevista el 23 de abril de 2017 (Esnaola, 2017: 118). Después de varias discusiones, la fecha del 8 de abril es fijada y los Artesanos de la Paz contemplan darla a conocer al público el 17 de marzo a través de una entrevista concedida al diario Le Monde (Esnaola, 2017: 125). Durante ese periodo, los actores implicados continúan a obrar a fin de que el desarme se desarrolle sin dificultades.

En la fecha y la hora previstas, la edición digital del periódico Le Monde publica una entrevista de Etcheverry en la cual afirma que el desarme completo y definitivo de ETA tendrá lugar el 8 de abril (Le Monde, 2017). Por aquel entonces, los Artesanos de la Paz tienen la garantía de obtener los documentos que contienen la ubicación exacta de los depósitos de armas; sabiendo que la mayoría de los escondites de armas de ETA se encuentra en Francia (Esnaola, 2017: 134). Desde el anuncio de la noticia, el Gobierno francés toma la decisión definitiva de permitir el desarme; más aún sabiendo que recibe la garantía, por parte de los mediadores internacionales, de que ETA no estará presente (Esnaola, 2017: 137).

Simultáneamente, debuta el Foro para el desarme de ETA en Biarritz. Si la jornada del 17 de marzo está consagrada al proceso de paz colombiano (Segura y Mechoulan, 2017; Fisas, 2017), el día después está dedicado al caso vasco. Es la oportunidad de indicar que el desarme de ETA será público, transparente, verificado por la comunidad internacional, y se efectuará por mediación de la sociedad civil organizada, con el apoyo de las instituciones y de los electos locales (Esnaola, 2017: 139).

Durante esos días, los Artesanos de la Paz, además de gestionar las relaciones con los diferentes actores y avanzar en los preparativos del desarme, temen ser víctimas de operaciones policiales (Esnaola, 2017: 141). En cualquier caso, la decisión de los Artesanos de la Paz ya está tomada de entregar los documentos que contienen la localización de los arsenales de ETA a un representante de la comunidad internacional que los pondrá entre las manos de la Comisión Internacional de Verificación que los comunicará, a su vez, a las autoridades francesas (Esnaola, 2017: 143).

Lo cierto es que el desarme de ETA y la dinámica creada en torno a los Artesanos de la Paz suscitan una adhesión creciente de la población, de los actores sociales y de los electos locales. Prueba de ello es la amplia representación política y social presente en la rueda de prensa organizada el 23 de marzo en Baiona. 54 personas de todos los horizontes hacen acto de presencia a fin de indicar que estarán presentes el 8 de abril e invitan a la población à tomar parte en ese acto para construir un porvenir democrático sin violencia para el País Vasco (Bake Bidea, 2021y). El 30 de marzo, los Artesanos de la Paz comunican a las autoridades francesas que los escondites de armas se encontrarán fuera de Baiona (Esnaola, 2017: 149).

5. El desarme de ETA

Una vez acabados los preparativos, todo está listo para proceder al desarme de ETA el 8 de abril de 2017. La organización armada ha agrupado previamente sus arsenales en un número limitado de escondites. El mismo día, comunica su localización precisa a los Artesanos de la Paz a fin de que estos puedan informar los representantes de la comunidad internacional y luego la CIV, esta última siendo encargada de transmitir esta información a las autoridades galas, y hacerlo saber a los voluntarios para que puedan desplazarse al lugar de los escondites antes de la llegada de la policía. Todo se desarrolla según el plan previsto, lo que permite organizar un acto institucional en el Ayuntamiento de Baiona para dar cuenta del desarme. Ese acto matutino es seguido, a la tarde, por una agrupación masiva en las calles de Baiona donde 20.000 personas se reúnen para festejar el desarme unilateral de ETA. El desarme, ampliamente cubierto por los medios de comunicación locales, hexagonales e internacionales, es celebrado por la clase política local, el Gobierno francés y la comunidad internacional.

5.1. El desarrollo del desarme

El día previo al desarme, ETA hace llegar a Jean-Noël Etcheverry la documentación que contiene la ubicación exacta de los arsenales y numerosas personas están a la obra para que todo esté listo a nivel de la logística, la seguridad, la comunicación y la organización. El día del desarme, acompañado de tres personas, Etcheverry se desplaza a las 7h00 al Ayuntamiento de Baiona donde lo esperan Jean-René Etchegaray, alcalde de la Villa, y su director de gabinete, Marc Amestoy; sabiendo que la rueda de presa está prevista a las 8h45 en el Teatro de la ciudad labortana (Esnaola, 2017: 158).

La transmisión de los documentos que contienen la localización de los escondites de armas debe tener lugar en el Ayuntamiento. Está previsto que, además de Jean-Noël Etcheverry y Jean-René Etchegaray, Ram Manikkalingam y dos personalidades internacionales estén presentes. Se trata del pastor norte-irlandés, Harold Good, y del arzobispo italiano, Matteo Zuppi (Esnaola, 2017: 158-159). El acto de entrega debuta a las 8h00 y se desarrolla rápidamente. Así, Etcheverry entrega los documentos a los dos clérigos, que los transmiten a su vez al representante de la CIV que se encarga posteriormente de comunicárselos a las autoridades judiciales galas (Esnaola, 2017: 160). Los documentos, con el anagrama de ETA, contienen informaciones prácticas relativas al número y a la ubicación de los escondites, fotografías de los paraderos y el inventario de las armas y de los explosivos (Esnaola, 2017: 162).

A las 8h30, un hombre sale del Ayuntamiento de Baiona dotado de una maleta que contiene estos documentos y se introduce en un vehículo cuyos cristales están tonalizados para dirigirse hacia el Palacio de Justicia de Baiona, escoltado por un vehículo sin distintivos de la policía. Para entonces, los alrededores del Palacio de Justicia están cerrados al público para que ninguna fotografía pueda ser tomada (Esnaola, 2017: 162). El dossier es entregado al fiscal adjunto, Samuel Vuelta, que informa inmediatamente de todo ello al Fiscal general, François Molins. A las 8h45, los Artesanos de la Paz, los representantes de la CIV y de la comunidad internacional y Jean-René Etchegaray reciben una llamada telefónica indicándoles que los documentos están en manos de las autoridades judiciales (Esnaola, 2017: 164).

Simultáneamente, la operación que aspira a ubicar 172 voluntarios alrededor de los escondites de armas, con los riesgos jurídicos que esto acarrea, a pesar del compromiso del ejecutivo galo de identificar a estas personas sin detenerlas ni perseguirlas, toma forma (Esnaola, 2017: 160). Entre estos voluntarios se hallan electos de sensibilidades políticas diferentes (Esnaola, 2017: 161). En total, la policía descubre ocho escondites de armas de ETA, tres de los cuales están situados en el País Vasco norte, mientras que los cinco restantes se encuentran a proximidad de este territorio. Excepto en Senpere, los arsenales se hallan situados bajo tierra condicionados en bolsas herméticas (Esnaola, 2017: 162). Sabiendo que algunos de estos escondites contienen explosivos, la policía envía unidades especializadas en el manejo de sustancias explosivas (Esnaola, 2017: 161).

Una vez el desarme terminado, debuta el acto institucional en el Ayuntamiento de Baiona veinte minutos después de la hora prevista inicialmente. En la escena del Teatro de Baiona están presentes Jean-Noël Etcheverry, Michel Tubiana, Harold Good, Matteo Zuppi, Ram Manikkalingam y Jean-René Etchegaray. Pero, solamente los dos últimos toman la palabra. Ambos subrayan la importancia del acontecimiento, hablando incluso de un día histórico, y la magnitud de la tarea realizada para llegar a ese fin, especialmente por parte de la sociedad civil organizada. Manikkalingam confirma que ETA ha respetado sus compromisos y Etchegaray insiste en la necesidad de construir una paz duradera (Esnaola, 2017: 164). La comparecencia pública se termina a las 9h18 y los participantes no aceptan ninguna pregunta de los medios de comunicación.

A las 10h50, los Artesanos de la Paz, Mixel Berhocoirigoin y Michel Tubiana, dan una rueda de prensa en el Museo Vasco de Baiona a fin de ofrecer más precisiones sobre la naturaleza de los arsenales hallados en los escondites. Ciento veinte armas, tres toneladas de explosivos y miles de municiones y detonadores son hallados (Esnaola, 2017: 165). Al mediodía, el ministro del Interior francés, Mathias Fekl, se alegra públicamente del buen desarrollo del desarme. Por último, a las 15h30, la policía francesa acaba la inspección de los ocho escondites de armas y la retirada de las armas y de los explosivos que contienen (Esnaola, 2017: 167).

5.2. Concentración masiva y lectura del Manifiesto

Una vez el desarme de ETA llevado a cabo con éxito, lo que suscita un alivio perceptible entre los actores directamente involucrados y, más allá, en el conjunto de la sociedad vasca, llega la hora de proceder a la concentración en el barrio del Pequeño Baiona, situado a proximidad del campus universitario y de la Iglesia San Andrés. Los medios de comunicación del mundo entero hacen acto de presencia para dar cuenta de este acontecimiento, puesto que 300 periodistas están acreditados. Además de los órganos de prensa locales, están presentes Le Monde, TF1, Canal+, pero también la mayoría de las cadenas de televisión españolas, la BBC, CNN, Al-Jazeera, The Wall Street Journal o The Guardian. A fin de facilitar su labor, los organizadores de la concentración preparan comunicados en cuatro lenguas: en vasco, en francés, en castellano y en inglés (Esnaola, 2017: 169).

La concentración, como tal, empieza a las 15h15. De una duración de aproximadamente una hora, debuta con las intervenciones de los Artesanos de la Paz, Berhocoirigoin y Tubiana. Ambos insisten en la necesidad de resolver la cuestión de los presos y de los refugiados, sin por ello olvidar a las víctimas, a fin de construir una paz duradera y una convivencia que tenga fundamentos sólidos. Posteriormente, los organizadores proceden a la lectura del Manifiesto en varias lenguas (Esnaola, 2017: 170).

6. De la disolución de ETA a la Declaración de Arnaga

La etapa siguiente consiste en preparar la disolución definitiva de ETA. Para alcanzar ese objetivo, el Grupo Internacional de Contacto así como los mediadores internacionales se ponen en relación con la organización desarmada para proceder a su desaparición como organización político-militar. En esa óptica, ETA publica un comunicado el 8 de abril de 2018 en el cual reconoce su responsabilidad en el sufrimiento causado a las víctimas y a sus allegados. El anuncio de su disolución interviene el 3 de mayo, vía un comunicado y un vídeo en los cuales da a conocer su decisión de poner fin a su existencia. Al día siguiente tiene lugar la Conferencia Internacional de Arnaga en la cual los principales actores políticos, sindicales y sociales del País Vasco, acompañados de una amplia representación de la comunidad internacional, se reúnen en Kanbo a fin de dar la bienvenida al anuncio de desaparición de ETA y de cara a abrir nuevas perspectivas para la resolución definitiva del conflicto.

6.1. El reconocimiento del sufrimiento causado

Siguiendo los consejos de los mediadores especializados en la resolución de conflictos a nivel internacional, ETA publica un comunicado en el cual reconoce el sufrimiento causado por su actividad armada y reitera su firme compromiso a obrar para superar, una vez para siempre, las consecuencias del conflicto, de cara a evitar cualquier riesgo de reiteración. La organización independista “reconoce la responsabilidad directa que ha tenido en ese dolor, y desea aclarar que nada de todo ello debió producirse o que no debería haberse prolongado durante tanto tiempo, porque ese conflicto político e histórico debería haber encontrado una solución democrática justa desde hace mucho tiempo” (Bake Bidea, 2021z-a).

Subraya el hecho de que el sufrimiento precede su creación en 1959 y su inicio de la lucha armada una década después, y perdura tras su abandono de la actividad armada en 2011. No en vano, ETA se dice plenamente consciente del dolor provocado y del daño causado por su actividad armada, de los cuales muchos no pueden ser reparados. Por lo cual, “en la medida en que los perjuicios padecidos lo han sido como consecuencia del conflicto, [desea] expresar su respeto hacia los muertos, los heridos y las víctimas de las acciones de ETA. [Lo lamenta] sinceramente. Tras errores o malas decisiones, ETA ha provocado igualmente unas víctimas ajenas al conflicto, tanto en el País Vasco como en otras partes” (Bake Bidea, 2021z-a).

ETA añade que su acción “ha generado unos perjuicios a ciudadanos (…) que no tenían ninguna responsabilidad. [Ha provocado igualmente] graves daños sin retorno posible. A estas personas y a sus familias, [les pide] perdón” (Bake Bidea, 2021z-a). Es plenamente consciente de que “estas palabras no resolverán lo que ha acontecido y no calmarán el dolor. [ETA lo dice] con respeto, sin intención de provocar más pena” (Bake Bidea, 2021z-a). Sabe pertinentemente que “nadie puede cambiar el pasado, pero [estima que] lo peor que podría acontecer sería intentar desfigurarlo u ocultar ciertos episodios” (Bake Bidea, 2021z-a). ETA acaba su comunicado haciendo un llamamiento a una solución democrática del conflicto político a fin de “construir la paz y obtener la libertad en el País Vasco, [y] apagar definitivamente las brasas de Gernika” (Bake Bidea, 2021z-a).

6.2. La disolución de ETA

Es solo el preludio al anuncio de la desaparición definitiva de ETA como organización. Esto se produce el 3 de mayo de 2018, vía el envío a los principales medios de comunicación vascos e internacionales de comunicados redactados en varias lenguas y de videos en los cuales los miembros históricos de la organización armada, Josu Urrutikoetxea y Marixol Iparragirre, proceden a su lectura. Por esa vía, ETA desea informar a la sociedad vasca de su decisión de poner fin a su existencia, “después de la ratificación por sus militantes de la propuesta de poner fin al ciclo histórico y a la función de la organización [armada]” (Bake Bidea, 2021z-b).

Esto implica que ETA haya “deshecho completamente sus estructuras [y haya] puesto un término a toda su actividad política. No será nunca jamás un actor que exprese unos posicionamientos políticos, entable iniciativas o interpele otros actores” (Bake Bidea, 2021z-b). La organización armada desea poner fin a un ciclo en el conflicto que opone el País Vasco a los Estados español y francés, caracterizado por el uso de la violencia política. A pesar de ello, estima que estos Estados “se empeñan en perpetuar ese ciclo, (…) temiendo la situación que engendraría la resolución completa del conflicto” (Bake Bidea, 2021z-b).

6.3. La Declaración de Arnaga

Al día siguiente de la difusión del último comunicado de ETA, tiene lugar la Conferencia Internacional de Arnaga. El conjunto de los partidos, sindicatos y actores sociales del País Vasco, excepto las formaciones constitucionalistas españolas, está presente, a la invitación de Bake Bidea, del GIC y del Foro Social Permanente. Es cuestión de dar la bienvenida a la declaración final de la organización independentista vasca y de lanzar un llamamiento “a la resolución de las consecuencias del conflicto y a la reconciliación” (Mediabask, 2018). Siguiendo una planificación minuciosa, los invitados llegan por grupos sucesivos.

Los invitados se reúnen durante una hora en el interior de la Villa Arnaga. Después de haber respetado un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas del conflicto, escuchan los discursos de varios intervinientes, tales como Brian Currin. Al término de esta reunión, delante del jardín de la Villa Arnaga, Michel Candessus, antiguo director del Fondo Monetario Internacional; Jonathan Powell, antiguo director de gabinete de Tony Blair; y, Cuauhtémoc Cardenas, antiguo candidato a las elecciones presidenciales en Méjico, proceden a la lectura de la Declaración de Arnaga, a la cual se adhieren numerosas personalidades internacionales y hexagonales, entre las cuales se encuentran el antiguo ministro del Interior, Pierre Joxe, y el antiguo ministro de Asuntos exteriores francés, Hubert Védrine (Mediabask, 2018).

7. Movilizaciones, negociaciones y flexibilización de la política penitenciaria

Después del desarme de ETA y, más aun, tras la disolución de la organización independentista vasca, los promotores del proceso de paz se dan como prioridad conducir los Estados francés y español a flexibilizar sus políticas penitenciarias respectivas. Esto da lugar a múltiples manifestaciones y cadenas humanas, tanto en el País Vasco norte como en París, así como al inicio de conversaciones entre una delegación del territorio y el ministerio de Justicia galo. Aspiran a presionar las autoridades francesas a fin de que pongan fin a una política de excepción que se traduce por un tratamiento diferenciado de los presos vascos respecto a los detenidos comunes. Esta movilización, a la vez social e institucional, desemboca en una flexibilización de la política penitenciaria en Francia que se traduce por el acercamiento de la mayoría de los detenidos vascos hacia cárceles situadas a proximidad del País Vasco norte y la retirada del estatus DPS a la mayoría de reos vascos. No en vano, las cuestiones de la aproximación de las detenidas, de la liberación de los presos gravemente enfermos y de los reclusos de cierta edad y/o que cumplen largas condenas están sin resolver.

7.1. La movilización a favor de los presos vascos

Poco después del desarme de ETA, los Artesanos de la Paz deciden organizar una manifestación masiva en las calles de la capital hexagonal para llevar el mensaje de una gran parte de la sociedad vasca y de sus representantes al oído de los decisores. Para ello, lanzan un manifiesto titulado Al riesgo de la paz. Lejos de hacer tabla rasa del pasado, estiman que “no es aplicando a la situación de hoy los esquemas de ayer que la sociedad vasca podrá construir y hacer suya, de manera duradera, los resortes de toda sociedad democrática” (Bake Bidea, 2021z-c).

En esta óptica, consideran que “la suerte de los presos y de las personas exiliadas ya no debe depender de una visión [basada en la seguridad que carece de sentido] y que ha generado unas situaciones insoportables. Aproximar los presos a sus familias, tener en cuenta su estado de salud, dejar de aplicarles el estatus de Detenido Particularmente Señalado, favorecer las solicitudes de libertad condicional, no son concesiones [sino que] son gestos de justicia” (Bake Bidea, 2021z-c). En efecto, consideran que, “imaginar las vías y los medios que permiten establecer la verdad, resolver los procedimientos en curso y la suerte de los presos, y reconocer las víctimas [permite] a una sociedad reconstruirse y tejer de nuevo los vínculos de una vida en común y sin violencia” (Bake Bidea, 2021z-c). Reafirmando su compromiso con el proceso de paz en el País Vasco, desean erigir “las fundaciones de una sociedad que prefiere el debate al enfrentamiento y el porvenir a la venganza” (Bake Bidea, 2021z-c).

Para apoyar esta iniciativa ciudadana y mostrar la implicación de las instituciones locales en el proceso iniciado, durante su sesión del 23 de septiembre de 2017, el Consejo comunitario de la Comunidad de Aglomeración del País Vasco decide aprobar, a una muy amplia mayoría, una declaración de apoyo a la manifestación del 9 de diciembre.

Esta movilización reúne a alrededor de 10.000 personas en la capital hexagonal a fin de solicitar el fin de las políticas de excepción y la aproximación de los 62 presos vascos que se encuentran encarcelados en una veintena de centros penitenciarios distantes, de media, a 645 kilómetros del País Vasco. Entre los manifestantes, se hallan “familias provenientes del País Vasco (…), estudiantes, jubilados, etc. Dos trenes de 1.000 plazas y 65 autobuses [son] fletados para transportar [los] manifestantes” (Libération, 2017). En el cortejo parisino, además de los electos locales, figuran varios responsables políticos de izquierdas de ámbito estatal.

Ante la magnitud de esta movilización, el portavoz del ministerio de Justicia, Youssef Badr, precisa que el ministerio “no tiene una oposición de principio a las demandas de aproximación de los detenidos vascos, a partir del momento en que las demandas son realizadas en un marco individual” (Libération, 2017). Pero, añade inmediatamente, “tampoco hay un derecho adquirido” (Jacquin, 2017).

Tras la disolución de ETA, las movilizaciones a favor de los presos vascos se reanudan en Iparralde. Así, el 5 de mayo de 2019, es decir trece meses después de la manifestación de París, más de 70 electos locales se reúnen en la Casa de las Asociaciones de Baiona para dar una rueda de prensa. Se unen al llamamiento lanzado por los Artesanos de la Paz para tomar parte en la manifestación del 12 de enero en las calles de la capital labortana. Esta movilización se produce en un contexto marcado por la instauración de un espacio de diálogo entre la delegación del País Vasco norte y el ministerio de Justicia francés a partir del mes de julio de 2017.

La manifestación, que tiene lugar simultáneamente en Bilbao, reúne a 76.000 personas en la capital vizcaína y a 9.000 individuos en la ciudad labortana “para reclamar una mejor suerte para los 265 detenidos vascos” (L’express, 2019). Entre los manifestantes se encuentran numerosos electos locales, tales como el diputado LREM, Vincent Bru. Al tiempo que reconoce los avances realizados a lo largo de los últimos meses, reivindica la aplicación de la legislación ordinaria. De su lado, el senador LR, Max Brisson, estima que, tras arreglar la cuestión del desarme de la organización armada, “la cuestión de los presos puede avanzar con unas medidas de clemencia, incluso si son individuales” (L’express, 2019).

Posteriormente, el 8 de junio, una cadena humana se constituye en Biarritz, bajo el lema Orain presoak! Ahora los presos!, a la iniciativa de los Artesanos de la Paz. Miles de personas recuerdan a las “más altas autoridades que el proceso de paz pasa por la [resolución de la cuestión de los] presos”, porque la paz no se resume al silencio de las armas, sino que implica construir una convivencia perenne. La paz “permite, a partir de un pasado doloroso que ha dividido, construir un futuro común apaciguado, democrático [y] respetuoso de los derechos humanos” (Bake Bidea, 2021z-e).

Más allá de la aproximación de algunos detenidos y de la retirada del estatus DPS a algunos de ellos, consideran indispensable proceder a una adecuación del marco jurídico al proceso de paz, porque les parece difícilmente concebible contemplar una convivencia “en un contexto donde unas personas estarían todavía, para diez o veinte años, o más aún, en prisión”; sabiendo que “el tiempo pasa y el tiempo apremia”, lo que exige una acción rápida (Bake Bidea, 2021z-e). En ese contexto, además de la aproximación de todos los presos vascos y el levantamiento del estatus DPS a la totalidad de los detenidos, exigen la liberación de los miembros del comando Argala encarcelados desde hace treinta años (Cavaterra, 2020). Más allá, haciendo eco a las declaraciones de Christiane Taubira, consideran indispensable poner en marcha unos mecanismos de justicia transicional (Joinet, 1996).

El 11 de enero de 2020, una nueva manifestación tiene lugar en Baiona, coorganizada por los Artesanos de la Paz, a fin de presionar los Gobiernos francés y español para que flexibilicen sus políticas penitenciarias. Alrededor de 80.000 personas participan en las dos manifestaciones que tienen lugar simultáneamente en la capital labortana y en Bilbao, para interpelar los Gobiernos respectivos. 10.000 personas desfilan en las calles de Baiona bajo el lema No hagamos tartamudear la historia! Los presos ahora!, en referencia a las declaraciones realizadas por Emmanuel Macron durante su visita efectuada a Biarritz. Solicitan “al Gobierno francés que prosiga su acción concerniente el proceso de paz en el País Vasco, en el marco del espacio de diálogo abierto entre el Gobierno y la delegación del País Vasco” (Bake Bidea, 2021z-f).

Si constatan que la fuerte movilización registrada el año anterior ha permitido la reanudación del diálogo con el ministerio de Justicia y, luego, la aproximación de los presos y el levantamiento del estatus DPS a la mayoría de los detenidos, los organizadores consideran necesario dar un nuevo paso. Y recuerdan que “todos los mecanismos de resolución de conflictos a través del mundo han permitido la liberación de los presos vía la puesta en marcha de procedimientos innovadores” (Bake Bidea, 2021z-f). En ese sentido, la justicia transicional (Rettberg, 2005; De Gamboa Tapias, 2006; Elster, 2011) debería, a su entender, ser implementada en el País Vasco, velando por el respeto de los derechos de “todas las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no-repetición” (Bake Bidea, 2021z-f).

Posteriormente, una jornada de movilización es organizada el 19 de septiembre de 2020 por los Artesanos de la Paz, bajo el lema Condena hasta la muerte? 30 años son suficientes!, en la medida en que el año 2020 está considerado como clave para el proceso de paz en el País Vaco. En lo que concierne la cuestión de los presos, dos temas centran la atención de los participantes: “el fin de las medidas de excepción y la aplicación del derecho común”, y “la adecuación del derecho común al proceso de paz, según el método aplicado en todo el mundo, en todos los procesos de salida de conflicto, por la puesta en marcha de una justicia transicional” (Bake Bidea, 2021z-g).

Por último, a la iniciativa de los Artesanos de la Paz, una cadena humana se desarrolla el 9 de enero de 2021 en Baiona, bajo el lema, Lo tenemos claro! Ahora los presos!. 2.000 personas, de sensibilidades diferentes, responden al llamamiento “para pedir al Gobierno francés que retome y acelere su acción en lo que concierne el proceso de paz en el País Vasco, en el marco del espacio de diálogo abierto entre el Gobierno y la delegación del [territorio]” (Bake Bidea, 2021z-h). Esta movilización toma la forma de una cadena humana luminosa. A pesar de las condiciones climáticas y sanitarias desfavorables para semejante movilización, los participantes se reúnen “en las orillas de la Nive para [efectuar] una cadena [que se extiende sobre] dos kilómetros” (Bake Bidea, 2021z-h).

7.2. Las negociaciones de la delegación del País Vasco norte con el ministerio de Justicia

Paralelamente a las movilizaciones, se pone en marcha un espacio de diálogo entre una delegación del territorio y el ministerio de Justicia competente en materia de política penitenciaria. Una primera reunión tiene lugar el 10 de julio, es decir tres meses después del desarme de ETA. Al orden del día se encuentra, en la perspectiva de una resolución global y definitiva del conflicto vasco y apoyándose en la Declaración de Baiona, el fin de las medidas de excepción aplicadas a los presos vascos. El método fijado, fruto de un acuerdo previo entre las partes implicadas, prevé que “el diálogo se construirá sobre la agenda [proveniente de esta Declaración] y en el marco de la [legislación francesa]”, lo que implica los actores mencionados y el Colectivo de los Presos Políticos Vascos (Bake Bidea, 2021z-i).

El esquema de trabajo se funda en una movilización de la sociedad civil organizada. Así, a partir de esta hoja de ruta, la sociedad civil está considerada como un actor esencial del proceso de paz, sobre todo porque ha “mostrado su compromiso y su voluntad de llevar este proceso hasta el final, a través de una movilización permanente, reuniendo (…) a personas o a representantes de organizaciones asociativas, políticas y sociales, y a electos de ese territorio” (Bake Bidea, 2021z-i). Además, se ha dotado de instrumentos que le permiten desarrollar una reflexión permanente sobre el conjunto de las consecuencias del conflicto.

La segunda reunión de trabajo relativa a la situación de los presos vascos se produce en el ministerio de Justicia el 19 de octubre de 2017. Durante su desarrollo, “el ministerio [confirma] su voluntad de proseguir estas conversaciones con la delegación [de Iparralde] y la situación carcelaria de los detenidos vascos es objeto de un debate contradictorio” (Bake Bidea, 2021z-i). La delegación insiste en “la urgencia de una continuación del proceso de paz” y en la necesidad de que “unas medidas significativas [sean tomadas antes] de la gran [manifestación] que tendrá lugar en París el 9 de diciembre” (Bake Bidea, 2021z-i). La delegación que asiste a esta reunión hace saber que “el estatus DPS (…) ha sido levantado a siete presos vascos” y estima que “se trata de una primera señal concreta en el espacio de trabajo abierto entre París y el País Vasco [norte]. El estatus DPS, la aproximación de los presos, la liberación de los reclusos enfermos o en fin de condena forman parte de los temas [abordados]” (Bake Bidea, 2021z-i).

El 28 de diciembre de 2017, una nueva reunión de trabajo tiene lugar en el ministerio. La delegación “deplora que ningún avance significativo haya sido observado tanto en la cuestión de la aproximación de los presos como en [materia de retirada] del estatus DPS a otros presos desde el último encuentro” (Bake Bidea, 2021z-i). Solicita que “la situación de cada preso sea examinada [específicamente] durante las próximas semanas” (Bake Bidea, 2021z-i). Además, “constata que no hay ninguna oposición de principio del ministerio a la aproximación de los presos a Mont-de-Marsan y Lannemezan”, y que “el ministerio dice querer proseguir la política de levantamiento del estatus DPS” (Bake Bidea, 2021z-i). Por consiguiente, la delegación del País Vasco norte espera que “la continuación del espacio de trabajo y de diálogo entre la delegación y el ministerio desemboque rápidamente en nuevos resultados concretos” (Bake Bidea, 2021z-i).

La última reunión se produce el 11 de febrero de 2021 entre la delegación y el nuevo ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, en la capital francesa. Durante más de una hora, los participantes evocan “el proceso de paz en el País Vasco y la situación de los detenidos vascos encarcelados en el territorio galo” (Bake Bidea, 2021z-i). La delegación expone al ministerio “el conjunto de los [casos] que siguen pendientes de resolución y sobre los cuales es preciso avanzar rápidamente” (Bake Bidea, 2021i). Según los participantes, “los intercambios [permiten] evocar de manera apaciguada las diferentes problemáticas, para las cuales el ministro [se compromete] a proseguir el diálogo constructivo” (Bake Bidea, 2021z-i). Al término de la reunión, la delegación del territorio precisa que tiene la intención de seguir “con atención la evolución de todos los dosieres abordados” (Bake Bidea, 2021z-i).

7.3. La flexibilización de la política penitenciaria

Las negociaciones llevadas a cabo por la delegación del País Vasco norte con el ministerio de Justicia surten efecto progresivamente, puesto que el Estado francés consiente a flexibilizar su política penitenciaria (Bake Bidea, 2021z-i).

De hecho, el 10 de julio de 2017, fecha de la primera reunión, la situación de los presos vascos es la siguiente:

• 69 presos vascos están encarcelados en Francia, de los cuales 58 son varones.
• Estos detenidos están dispersados en 21 centros penitenciarios. Los presos están encarcelados en 16 cárceles y las detenidas en 5 centros penitenciarios; sabiendo que la cárcel más alejada es Clairvaux, situada a 1.000 kilómetros, y la más próxima es Mont-de-Marsan, localizada a 160 kilómetros.
• Dos presos están aislados del resto del Colectivo de presos vascos: Jon Parot en Muret e Izaskun Lesaka en Fleury-Mérogis.
• Seis presos tienen más de 60 años (Bake Bidea, 2021z-i).

El 1 de octubre de 2019, es decir dos años más tarde, la situación ha evolucionado, puesto que 38 presos están encarcelados en los centros penitenciarios franceses, de los cuales 30 son hombres; están dispersados en 8 cárceles, los detenidos en 5 cárceles y las prisioneras en 3 centros; dos detenidos están aislados del Colectivo de presos vascos, Jakes Esnal en Saint-Martin-de-Ré y Josu Urrutikotxea en La Santé; y, ocho presos tienen más de 60 años (Bake Bidea, 2021z-i).

Así, en un primer movimiento que tiene lugar entre los meses de marzo y de junio de 2018, 14 detenidos son trasladados hacia las cárceles de Mont-de-Marsan y Lannemezan. En lo que respecta a la prisión landesa, algunos son posteriormente devueltos a España y luego liberados, a la imagen de Raul Alduna y Jon Salaberria; otros son extraditados hacia la península ibérica pero siguen en detención; otros aún son liberados, como puede ser Zigor Garro; y los últimos permanecen en detención. En lo que se refiere a la cárcel de los Altos-Pirineos, solamente Alberto Ilundain es devuelto a España y puesto en detención (Bake Bidea, 2021z-i). No en vano, durante ese periodo, la delegación del territorio subraya la situación de ciertos detenidos vascos. Así, dos presos han sido aislados del resto de reos vascos durante varias semanas, a saber Asier Eceiza en Tarascon y Asier Oiharzabal en Saint-Maure; Izaskun Lesaka está aislada del resto de presos vascos en Fleury Mérogis; Ugaitz Errazkin e Igor Iriarte, encarcelados en Châteauroux, no han sido aproximados (Bake Bidea, 2021z-i).

El segundo movimiento se produce entre julio y octubre de 2018, dado que diez detenidos vascos han sido trasladados a cárceles próximas al territorio, de los cuales, ocho han sido desplazados a la prisión de Mont-de-Marsan, tales como Jurdan Martitegi, Ibon Goieaskoetxea, Aitzol Etxaburu o Igor Suberbiola. Jabi Abaunza y Asier Bengoa lo han sido al centro de detención de Lannemezan; sabiendo que este último ha sido devuelto a España y posteriormente aprisionado en las cárceles españolas. No obstante, la delegación vasca llama la atención sobre la situación de varios presos. Así, cuatro detenidos están aislados del resto de reclusos vascos y, ninguna mujer es acercada, dado que ningún centro para mujeres está cerca del País Vasco norte. Pero, la reflexión sobre la agrupación de las detenidas en un solo centro está abierta (Bake Bidea, 2021z-i).

Un tercer movimiento se produce entre los meses de mayo y de octubre de 2019. Da lugar al traslado de cinco detenidos vascos hacia las cárceles de Mont-de-Marsan y Lannemezan. Xabier Goienetxe y Iñaki Reta son desplazados hacia la primera, mientras que Mikel Carrera, Aitzol Iriondo y Garikoitz Aspiazu lo son en dirección de la segunda. No en vano, la delegación subraya que tres presos están aislados del resto de detenidos vascos. En lo que alude a las reclusas, ningún acercamiento es contemplado a corto plazo, aunque se haya propuesto una agrupación a Rennes para aquellas que lo deseen (Bake Bidea, 2021z-i).

En lo que concierne el levantamiento del estatus DPS, sabiendo que 26 presos vascos están sometidos a ese estatus a inicios de las conversaciones, 9 estatus de Detenidos Particularmente Señalados son retirados o no-renovados entre julio de 2017 y agosto de 2018. Y, después de mayo de 2018, otros 17 presos vascos se benefician de un levantamiento de su estatus DPS o de la radiación de su inscripción en ese registro. 11 detenidos gozan de esa retirada en junio de 2018, 1 en julio de 2018 y 6 en septiembre de 2019 (Bake Bidea, 2021z-i). A su vez, cuatro prisioneros vascos se ven retirar el estatus DPS en razón del cumplimiento de sus penas en Francia.

En cuanto a las liberaciones condicionales o bajo control judicial y a las demandas de suspensión de condena por causa de enfermedad grave, las respuestas son menos favorables para los reos. Así, sobre las once solicitudes de liberación condicional efectuadas entre julio de 2017 y octubre de 2019, cuatro han sido rechazadas. Cinco otras demandas no han sido estudiadas y otras dos están en curso. Además, tres presos han efectuado una demanda de liberación bajo control judicial a la espera de ser juzgados (Bake Bidea, 2021z-i). Por último, sobre las dos solicitudes de suspensión de condena por causa de enfermedad grave, solamente la de Oier Gómez es aceptada.

8. Víctimas, memoria y convivencia

Paralelamente a la resolución de la cuestión de los presos vascos, los promotores del proceso de paz iniciado en el País Vasco son plenamente conscientes de la necesidad de afrontar la problemática de las víctimas del conflicto. Es cuestión de proporcionar verdad, justicia y reparación a todas las víctimas, que su sufrimiento haya sido provocado por unas organizaciones armadas o por las fuerzas de seguridad. Esto pasa por el reconocimiento de las víctimas, lo que implica referirse recurrentemente a ellas en cada uno de sus discursos, declaraciones y comunicados de los actores involucrados en el proceso de paz; y, tomar iniciativas a favor de la convivencia.

8.1. La referencia a las víctimas en las diferentes declaraciones

Desde la Declaración de Aiete, los actores implicados en el proceso no cesan de aludir a las víctimas del conflicto. Así, en el segundo punto de la Declaración de Baiona de 2014, que concierne las consecuencias del conflicto y la reconciliación, se dice que “una comisión de expertos del tipo Verdad y Reconciliación debería ser puesta en marcha a fin de (…) establecer un reconocimiento recíproco del sufrimiento de todas las víctimas y definir las diferentes formas de reparación (…). La cuestión de la reconciliación debería ser abordada desde el inicio del proceso de paz y llevada a cabo en el respeto de los ritmos de cada uno de los actores implicados” (Bake Bidea, 2021r).

De manera análoga, los firmantes del Manifiesto de París para la paz en el País Vasco de 2015 solicitan que “unas medidas consecuentes sean tomadas para promover la reconciliación, aportar reconocimiento, compensación y asistencia a todas las víctimas” (Bake Bidea (2021d). Sucede algo parecido con el manifiesto leído al término de la jornada de desarme de ETA en 2017, puesto que el cuarto punto hace explícitamente referencia a las víctimas. Y, la Declaración de Arnaga de 2018 no constituye ninguna excepción a la regla. Las víctimas ocupan un lugar privilegiado, dado que los firmantes de la Declaración reconocen “que un proceso de reconciliación debe proseguir” (Bake Bidea, 2021z-i).

Y, lo que es cierto para los Artesanos de la Paz, los responsables políticos y sindicales, y los representantes de la comunidad internacional, lo es igualmente para los actores directamente implicados en el conflicto vasco, empezando por ETA.

8.2. Las iniciativas a favor de la convivencia

Más allá de las declaraciones efectuadas y de los comunicados difundidos por los actores sociales e instituciones y las organizaciones directamente implicadas en el conflicto, ciertas iniciativas son llevadas a cabo para reconocer las víctimas y contribuir a la construcción de la convivencia. Entre estas iniciativas se halla la inauguración de la escultura Arbolaren Egia (La verdad del árbol) el 8 de abril de 2018 en Baiona. Efectivamente, la construcción del proceso de paz pone en evidencia el sufrimiento padecido por las víctimas y sus allegados así como por el conjunto de la población. “Porque no es siempre evidente transcribir estos sentimientos y estas sensaciones con palabras, porque estas últimas pueden limitar o traicionar las vivencias, o simplemente porque otras vías permiten expresarlas, el escultor Koldobika Jauregi [propone] simbolizar esta etapa a través de una obra” (Bake Bidea, 2021z-p). A través de ella, sus promotores desean “dejar una huella simbólica del camino recorrido por la sociedad civil y garantizar la transmisión a las futuras generaciones por [mediación] de esta escultura” (Bake Bidea, 2021z-p).

Otra iniciativa consiste en el Encuentro para construir nuestra convivencia organizado el 7 de junio de 2019 en Biarritz. Sus instigadores estiman que la construcción de la convivencia “está en marcha, a pesar de [los obstáculos] que quedan por superar, al término de varias décadas de conflicto violento” (Bake Bidea, 2021z-j). A lo largo de ese acto, se expresan familiares de víctimas de orígenes diferentes, “heridos, y, sin embargo, convencidos de que su palabra merece ser escuchada, porque desea ser saludable para todos” (Bake Bidea, 2021z-j). Estas víctimas estiman necesario “hablar en público y superar su propia historia a fin de ir al encuentro del otro. Es también un largo camino que, en el País Vasco, ha incitado tal o cual grupo de familiares y de víctimas a tender la mano a otras víctimas, en una [óptica] de empatía y humanidad” (Bake Bidea, 2021z-j).

9. Conclusión

Este artículo ha intentado dar cuenta del proceso de paz que se está desarrollando en el País Vasco en general y en Iparralde en particular. Ha desembocado en el cese de la actividad armada de ETA, en su desarme y en su posterior disolución, lo que ha facilitado la flexibilización de la política penitenciaria gala en lo que se refiere a los presos vascos y ha propiciado la realización de avances en materia de reconocimiento de todas las víctimas y de construcción de una convivencia basada en los principios democráticos. Esto hubiera sido impensable sin los sucesivos intentos de negociación previos entre el Estado español y la organización independentista, a la vez, en Argel, Ginebra y Oslo desde los años ochenta, y sin la implicación tanto de los mediadores internacionales como de los actores locales, pertenecientes a la sociedad civil organizada y a las instituciones representativas del territorio. Todo ello no es ajeno a la nueva gobernanza implementada a partir de mediados de los años 1990 en Iparralde (Urteaga y Ahedo, 2004; Ahedo y Urteaga, 2005) y a la voluntad de pasar de una lógica de confrontación a una lógica de colaboración tras el final de la lucha armada practicada por Iparretarrak (Bidegain, 2010).

En ese sentido, el proceso que se ha desarrollado en el País Vasco norte puede considerarse como un verdadero proceso de paz definido como el “esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo, mediante negociaciones que pueden requerir la mediación de terceros” (Fisas, 2010: 4). Además, se caracteriza por “un conjunto de fases (…) alargadas en el tiempo, en las que intervienen todos los actores afectados, en un esfuerzo colectivo para, en un momento determinado, alcanzar acuerdos que permitirán acabar con la situación anterior, dominada por la violencia y el enfrentamiento armado, para dar paso, mediante el diálogo y el consenso, a pactos o acuerdos que pongan fin a la violencia física, y, mediante la implementación de los acuerdos, iniciar una nueva etapa de progreso y desarrollo que permita superar igualmente las violencias estructurales que propiciaron el surgimiento del conflicto” (Fisas, 2010: 4).

A su vez, después de una fase inicial en la cual ha prevalecido el modelo elitista, con unas negociaciones bilaterales entre el Estado español y la organización ETA, que no han surtido los resultados esperados pero sin las cuales ningún acuerdo posterior hubiese sido posible, se ha impuesto un modelo participativo gracias a una implicación activa de la sociedad civil organizada y una colaboración estrecha con la clase política local. Esta activación de la sociedad civil organizada, encarnada por Bake Bidea, el Foro Social y los Artesanos de la Paz, ha jugado un papel relevante en la creación de amplios consensos en la sociedad vasca, en sus vertientes sociales e institucionales; en el desbloqueo de la situación en materia de desarme y de cambio de actitud del Gobierno galo; en la desaparición de la organización armada como actor político-militar; en las negociaciones llevadas a cabo por la delegación del País Vasco norte con el ministerio de Justicia galo; y, en la creación de un clima favorable a la convivencia ciudadana con la flexibilización de la política penitenciaria y el reconocimiento de todas las víctimas.

Asimismo, este proceso de paz se caracteriza por su carácter unilateral e incondicional, aunque tanto la Conferencia Internacional de Aiete como el fin definitivo de la lucha armada hayan sido precedidos por un acuerdo bilateral entre el Gobierno español y ETA en torno a una hoja de ruta que debía ser desarrollada posteriormente a fin de resolver las consecuencias del conflicto. No en vano, el rechazo del Gobierno de Mariano Rajoy de emprender unas negociaciones bilaterales en Noruega ha obligado la organización armada a dar pasos de manera incondicional, con la ayuda de la sociedad civil organizada y de los mediadores internacionales. El objetivo es que cada nuevo paso dado por ETA modifique el panorama político y el clima social a nivel local, generando nuevos escenarios, alianzas y relaciones de fuerza, que obliguen los Estados a dar pasos, en materia de política penitenciaria y de reconocimiento de todas las víctimas.

De la misma forma, durante un largo periodo, los actores involucrados en el proceso de paz vasco se han reconocido en el espejo del proceso de paz norte-irlandés (Lagana, 2018). La idea de la doble mesa de negociaciones (Batasuna, 2004), la primera entre el Estado español y ETA sobre las consecuencias del conflicto y la segunda entre los partidos políticos vascos sobre el futuro sociopolítico del territorio, se inspiran en dicho modelo que ha dado lugar al Acuerdo de Viernes Santo. Ese modelo ha prevalecido hasta las negociaciones de ETA con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a las negociaciones de Loiola (Murua, 2010). Tras el fracaso de estas negociaciones y el rechazo por el Estado español de emprender nuevas conversaciones bilaterales, el modelo norte-irlandés ha dejado de ser la referencia, aunque el intercambio con representantes políticos norte-irlandeses de primer plano, como Bertie Ahern y Gerry Adams, y la implicación de mediatores internacionales que han participado en el proceso norte-irlandés, a la imagen de Brian Currin y Jonathan Powell, hayan jugado un papel crucial (Powell, 2014).

Por último, el modelo del proceso de paz llevado a cabo en el País Vasco coincide en parte con algunos de los modelos mencionados por Fisas. Así, aunque sea por vías unilaterales, se asemeja parcialmente al modelo de la reinserción que “se refiere a aquellos casos donde un grupo armado accede a dejar las armas a cambio de recibir facilidades para reintegrarse a la sociedad, acogiéndose a un programa de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración)” (Fisas, 2010: 6). Asimismo, se parece en parte al modelo “basado en la creación de medidas de confianza” (Fisas, 2010: 7). Se trata de tomar una serie de “medidas bilaterales y recíprocas que permite [relajar] las relaciones” entre las partes implicadas (Fisas, 2010: 7). El final de la lucha armada, el desarme, el reconocimiento del dolor causado, por una parte, y la autorización del desarme, el inicio de un proceso negociador y la flexibilización de la política penitenciaria, por otra parte, se inscriben en esta lógica. A su vez, corresponde parcialmente al modelo que se refiere “al logro de alguna forma de autogobierno para aquellas regiones con demandas de autonomía”, en lo que Fisas denomina “arquitecturas políticas intermedias” (Fisas, 2010: 7-8). En efecto, la creación de Mancomunidad Vasca en el País Vasco norte en 2017 es inseparable del proceso de paz vigente (Urteaga, 2017).

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