La cohesión social, como elemento deseable e indispensable de un sistema democrático pleno, presenta obstáculos en su alcance al intervenir factores económicos y sociales no siempre controlables en nuestro entorno. No obstante, haciendo el ejercicio del velo de la ignorancia de Rawls, hay dos elementos que destacaría por su incidencia en el derecho a la propia subsistencia de manera digna: los servicios públicos y el empleo.
El fortalecimiento de los servicios públicos y su eficacia facilitan la predistribución de la riqueza, ayudando a reducir situaciones en las que las que las políticas públicas se ven obligadas a intervenir a posteriori. Tienen un valor esencial para la calidad de vida porque satisfacen derechos básicos de las y los ciudadanos. Pero en ocasiones se olvida que, precisamente, son “servicios” y “públicos”, es decir, deben estar al servicio de la ciudadanía y adaptarse a ella, en vez de ser al revés. Hay que señalar qué servicios se necesitan y cómo se van a financiar. Es el primer escalón para avanzar en la cohesión social.
El empleo es el otro factor clave. Porque es un factor social. Aunque solemos incluirlo bajo el paraguas “mercado de trabajo” y la palabra “mercado” tiene connotaciones privativas, no podemos olvidar que se trata no solo de una institución social, sino de una institución que vertebra la sociedad de arriba a abajo. La fuerza de trabajo no es una mercancía que se compra y se vende sin más, o por lo menos no debería serlo. Puede que las desregulaciones beneficien a algunos, no es posible negarlo, pero desde luego eso incide en la descohesión social. La cada vez mayor individualización de las relaciones laborales, facilitadas por un escenario de escasez de empleo, no avanza en la línea de una mayor cohesión social, sino que provoca grandes desequilibrios que a su vez agrandan la brecha entre distintos sectores de nuestra ciudadanía.
Empleo y servicios públicos no caminan cada uno por su lado. Cuando el primero es débil, la necesidad de los segundos es mayor, y deben contar con recursos suficientes para intervenir ante situaciones carenciales. Una de las consecuencias fundamentales de la crisis de los últimos años ha sido el descenso de los empleos de calidad y el trabajo en peores condiciones, con salarios más bajos. Por tanto, el objetivo debería ser apostar por empleos de calidad con salarios dignos, así como por políticas que desarrollen y potencien unos sistemas de protección universales, garantizando el bienestar social de la población a través del desarrollo de los servicios sociales, la protección jurídica y la garantía económica, de tal forma que permitan a toda la ciudadanía, especialmente a la parte más necesitada, acceder y ejercer sus derechos sociales fundamentales.
