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Lucía Martínez Virto / Profesora de la UPNa, Investigadora y Trabajadora Social

2019/05/29

Lucía Martínez Virto / Profesora de la UPNa, Investigadora y Trabajadora Social

El desarrollo del Estado de Bienestar se sustentó en un contexto socioeconómico con elevado nivel de cohesión social. Las economías domésticas contaban con trayectorias laborales, el mercado de trabajo sustentado en el pleno empleo masculino aportaba a las familias estabilidad económica y protección social ante los  riesgos de enfermedad, vejez o discapacidad. Del mismo modo, las familias contaban con una gran capacidad de integración, debido a su provisión de cuidado a menores, mayores o personas dependientes. Pero poco queda de este escenario. Por un lado, los cambios en el mercado laboral han reducido la capacidad integradora del empleo en términos de estabilidad, suficiencia económica y condiciones laborales. Del mismo modo, el incremento de la esperanza de vida o las nuevas formas de organización familiar ante el cuidado requieren la revisión de los tradicionales modelos de atención a las personas dependientes. Igualmente, las estrategias de revitalización de las zonas rurales suponen nuevos desafíos en el ámbito de la cohesión social. Por tanto, esta nueva realidad social implica un reto indiscutible que requiere la adecuación de las políticas sociales y de bienestar.

Sin embargo, no menos importante es repensar el propio significado de inclusión social, reconociendo aquellos factores que, más allá de las políticas sociales, contribuyen a la integración en nuestro territorio. La pérdida de la capacidad inclusiva del empleo para parte de nuestra sociedad requiere pensar en otras estrategias que ofrezcan también nuevas formas de inclusión en la comunidad. De lo contrario, las consecuencias podrían abrir nuevos espacios de exclusión relacionadas con la enfermedad, el conflicto familiar o el desarraigo social. La comunidad y el tejido social han jugado papeles importantes en la configuración de nuestra sociedad. Su capacidad inclusiva ha contrarrestado, en muchas ocasiones, las propias limitaciones de las políticas públicas. Su papel como proveedoras de cuidado, de solidaridad y de desarrollo social cohesionado es indiscutible. Por ello, buena parte de la cohesión social pasa por reconocer el potencial que pueden jugar en esta nueva manera de definir el bienestar y la integración social. Enfrentar estos desafíos requiere también incorporar la variable territorial a la promoción de cada área, dimensionar las necesidades de cada zona, identificar sus activos, coordinar a los actores del territorio y compartir estrategias de desarrollo social. Todo ello impulsará acciones innovadoras orientadas a abrir nuevas vías de inclusión territorial y a crear dispositivos que mediante fórmulas colectivas y de participación, contribuyan también a promover territorios socialmente sostenibles.

Por tanto, el reto es doble, de adecuación y de revalorización. Y en este escenario las políticas públicas deben jugar un papel importante reconociendo a la comunidad, apoyando su autonomía, sustentando su desarrollo y promoviendo la integración de las redes y las políticas sociales.

 


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