María Elósegui Itxaso. Catedrática de Filosofía del Derecho: Tenemos que abrirnos a la interculturalidad
2010-04-23
AGUIRRE SORONDO, Juan
La prohibición de los minaretes en Suiza, los debates en torno al burka en Francia y sobre los crucifijos en las escuelas españolas, los brotes de xenofobia en Italia... Parece que en la vieja Europa se nos acumulan los problemas de convivencia cultural.
Yo creo que estos problemas han existido siempre. Hemos vivido guerras de religión, desplazamientos de población después de la II Guerra Mundial, etc. La diferencia es que ahora tenemos una nueva sensibilidad sobre la idea de que lo justo es un modelo intercultural, que establezca lo común y respete las legítimas diferencias. Todos esos ejemplos son muestras de un modelo asimilacionista, en el que se ha impuesto la cultura mayoritaria sobre las otras y que ha sido una actitud común en toda la historia de todos los países del mundo.
Foto de presentación del manual de Educación para la ciudadanía y derechos humanos en la librería Elkar de Bilbao. En la foto, de izquierda a derecha, Elena Elósegui, María Elósegui, el Alcalde de Bilbao Iñaki Azkuna y José María Elósegui.
Usted propone como solución el “orden público”: una expresión que quienes tenemos cierta edad asociamos a porras y a “grises”.
Elaboro una noción de orden público como un concepto técnico dentro del derecho y muy distinto del significado empleado hasta ahora. Para algunos de mis colegas juristas esta categoría es negativa y rechazable y no hay por donde rescatarla, sin embargo somos muchos los que defendemos una interpretación positiva, según la cual el orden público incluye una defensa de los derechos humanos y unos valores comunes, que son constitucionales, pero también universales. A su vez, el derecho debe de respetar y proteger la libertad cultural y las diferencias dentro del marco del respeto a los derechos humanos.
La sociedad vasca (y la española) está descubriendo ahora el fenómeno de la inmigración masiva. ¿Qué enseñanzas deberíamos retener de lo ocurrido en otros países respecto al tratamiento de la diversidad cultural?
Una cuestión fundamental es asumir que estas personas y sus descendientes se van a instalar definitivamente en nuestro país. A Alemania y Bélgica les costó darse cuenta de que la mano de obra extranjera se iba a quedar en esos países y tardaron mucho en empezar a aceptar leyes interculturales y no asimilacionistas. En España tenemos un modelo legal suficiente para aceptar el legítimo pluralismo, empezando por la escuela, etc. Pero ello implica reaccionar de modo más rápido, incluyendo ya programas de educación en la Constitución y en la ciudadanía para los inmigrantes, y enseñanza del idioma. Eso se está haciendo en la actualidad en Alemania, Francia, Holanda y Flandes. Es urgente que las Administraciones Autonómicas y los Ayuntamientos se tomen muy en serio esto e inviertan en ello económicamente. No sólo en ayudas sociales, sino en educación en los valores del Estado de Derecho.
Cubierta del manual Educación para la ciudadanía y derechos humanos.
Fotos de portada: José María Elosegui.
Como vasca y fina analista del problema, ¿cómo ve a la sociedad vasca en materia de pluralismo cultural?
Creo que hoy en día el problema del País Vasco es doble. Por una parte, podemos ser todavía asimilacionistas con la nueva inmigración, aunque nosotros tenemos pocos inmigrantes, pero sí que hemos recibido muchos hijos de segunda generación de padres vascos que se exiliaron a Latinoamérica. En estos casos, por ejemplo, creo que se ha hecho muy poco esfuerzo para entender que estas personas tienen una cultura híbrida, una identidad creada entre dos culturas muy distintas. Muchos de los que hicieron el retorno o sus hijos ahora se sienten en tierra de nadie. Con esos simplismos de “culturas puras” es imposible entender a estas personas.
Pero en realidad lo que a mí más me preocupa es el fenómeno que se está produciendo desde la recuperación de la democracia de asimilacionismo dentro de los propios vascos, como si hubiera sólo un modo homogéneo de identidad vasca, cuando los hechos demuestran a gritos que hay también un pluralismo dentro del propio País Vasco, que debe de ser respetado y no acallado. Eso crea una sociedad en continúa crispación, con entornos paralelos que no se relacionan entre sí, muchas veces muy condicionado con el hecho de moverse en un mundo vascoparlante o castellanoparlante. Para mí, la solución es el trazar puentes entre ambos grupos de ciudadanos y llegar a conocerse mutuamente y escucharse con independencia del idioma que se maneje.
Por otra parte, Euskadi debe tener más conciencia de que le afectará la llegada de inmigración y de que inevitablemente tendrá que abrirse a la interculturalidad, porque no basta con que esas personas aprendan euskera, sino que traerán su pasado y sus costumbres, y el producto nunca será “la identidad de un vasco de toda la vida”.
Usted propugna, positivamente, lo que llama un “plurilingüismo cosmopolita”. ¿En qué consiste?
El pluralismo cosmopolita consiste en hacer compatible el manejo de una lengua propia, siempre como fruto de la libertad de elección, junto con el manejo de una lengua común del Estado, y a ser posible una tercera, como el inglés, que nos permita viajar y contactar con el resto del mundo. Lo que me parece empobrecedor es el monolingüismo, tanto si es de la lengua nacional, o más grave si fuera un monolingüismo de una lengua minoritaria. En el afán de recuperación de las lenguas propias hay que huir del peligro de encerrarse lingüísticamente en un mundo pequeño. La Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias subraya el valor del multilingüismo e insiste sobre el hecho de que la protección de las lenguas minoritarias en un país concreto no debe hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de aprender esas lenguas. El aprendizaje de las lenguas ayuda al aprenderlas a no tener una imagen estereotipada de los otros, y a desarrollar su curiosidad y apertura a la alteridad, así como a descubrir las otras culturas. Ayuda además a darse cuenta de que los intercambios con personas que tienen una identidad social y una cultura diferente son enriquecedores”.
El debate planteado en Francia sobre la “Identidad nacional”, ¿no es otra vuelta de tuerca al “asimilacionismo”?
Respondiendo en concreto al tema de la identidad, creo que la identidad debe basarse en la aceptación del Estado de derecho y los valores democráticos, y a su vez que ese elemento común esté impregnado de las diversas culturas a las que pertenecen los ciudadanos. Lógicamente eso incluye un respeto por la cultura mayoritaria, el pasado y las tradiciones históricas de cada país, por ejemplo, a la hora de enseñar historia, literatura, etc. La identidad nacional debe centrarse en la participación política a través de los cauces formales previstos en las democracias.
Por otra parte, a mi juicio, aunque peque de vehemente, el modelo asimilacionista francés es contrario a los derechos humanos y a un legítimo pluralismo cultural. Mi afirmación se basa en las tesis antropológicas que defiendo sobre la relación entre la identidad cultural y el espacio público. Para mí, no cabe una escisión radical entre lo privado y lo público, y la persona tiene derecho a manifestar de un modo visible en el espacio público su cultura, su filosofía de vida y su religión. Neutralidad del Estado no significa indiferencia o no colaboración, sino significa que el Estado protegerá del mismo modo o con unos criterios preferenciales justificados las diversas culturas y religiones de sus ciudadanos y ciudadanas. Además ésta es la práctica en todos los países de la Unión Europea, en los que justo Francia es una excepción.
Portada del libro de Derechos Humanos y Pluralismo cultural de Iustel.
Cuando los padres piden que se les impartan clases de Corán, que en las cantinas escolares se sirvan alimentos halal, que se respete su calendario con el Ramadán, etc. o que las niñas puedan ir con la cabeza cubierta con pañuelo... ¿Cómo hay que responder?
Son derechos legítimamente exigibles. Es algo prescrito ya en la legislación el derecho a tener clases de religión de esas confesiones en todas las escuelas públicas y privadas, pagadas por el Estado, si hay un mínimo de diez alumnos que las solicitan. Lo mismo la alimentación y el calendario para exámenes y concursos públicos. En el ámbito laboral no es obligatorio pero se puede negociar con el empleador y llegar a acuerdos. El uso del pañuelo por parte de las alumnas y en la esfera pública es compatible con el sistema de laicidad positiva de la Constitución española.
Lo que está más claro es que los ciudadanos y ciudadanas en general pueden manifestar en su vestimenta su cultura, filosofías de vida y creencias, dentro del marco legal establecido, respetando los derechos fundamentales. Por poner un ejemplo, no es lo mismo llevar la cruz gamada nazi, el anagrama de ETA, el lauburu, una cruz cristiana, una medalla, o cualquier símbolo judío, musulmán, ortodoxo.
¿Y cómo entiende dentro del interculturalismo el uso de símbolos religiosos en las instituciones públicas y por parte de los funcionarios públicos?
En principio, la obligación de neutralidad del Estado debe cumplirse en sus propias instituciones, que no deben tener tales símbolos confesionales. Cosa distinta es si estos símbolos forman parte del patrimonio histórico de los edificios que albergan a esas instituciones, entonces deben de ser conservados, pero no como apoyo a un Estado confesional, sino como parte de la historia de un país. Los centros públicos en España, incluidos los centros de enseñanza estatales no deben estar presididos por ningún signo religioso, tampoco por el crucifijo (sin embargo, creo que en otros países debería ser respetado si por tradición todos los ciudadanos quieren conservarlos, como era el caso de Italia, en el que ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien los ha prohibido). Esto no es aplicable a los centros concertados y privados. Eso supondría imponer una laicidad estricta, que no es propia del derecho español, ni requisito de la aconfesionalidad del Estado.
¿Cabría objeción de conciencia en los funcionarios públicos?
Por supuesto que sí. Como cualquier ciudadano los funcionarios son ante todo personas y a nadie en un Estado de Derecho se le puede exigir que viole su propia conciencia. Harán falta desarrollos concretos de casos de objeción a través de la jurisprudencia. Creo que cuanto más plural es un país, también culturalmente y cuantas más personas vayamos teniendo de otras culturas en la Administración Pública se irá haciendo cada vez más necesaria una flexibilidad en admitir distintos supuestos de objeción de conciencia. El único caso en el que no cabe objeción a la hora de aplicar la ley es en la judicatura, pero a la larga también sería posible arbitrar algunos mecanismos para delegar en otros colegas.
María Elósegui es autora de dos manuales escolares para la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Aunque algunos no estén interesados en verlo, existen unos valores humanos más allá de lo religioso. Es más, incluso unos valores que unen a creyentes y a ateos.
Efectivamente, dejando de lado las polémicas, creo que hay unos valores comunes y universales entre todas las culturas, que se reflejan en los derechos humanos, y que éstos deben ser enseñados en la escuela y a toda la ciudadanía. Hay una ética racional que nos une a todos, incluso en estas sociedades europeas. A pesar de que haya aumentado el relativismo en muchos temas morales, cabe llegar a puntos comunes objetivos, que no son un mero consenso sino que forman parte del humanismo cívico. No es que esos valores estén más allá de lo religioso, sino que se descubren por la razón, y en muchos casos forman parte también de los credos religiosos. Pero como diría Habermas se trata de que argumentemos en la esfera pública con razones humanas que puedan entender todos con independencia de su filosofía de vida o su credo. Pero esto no significa para nada que las filosofías y las religiones no tengan un lugar en el espacio público. Incluso pueden estar presentes en las relaciones con las autoridades públicas en representación de una filosofía o de una religión. Su voz tiene una utilidad pública.
Usted participó en la comisión de cuatro expertos que elaboró el borrador de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 3/2007. ¿Cómo ve las cosas después de estos tres años?
Creo que se ha adelantado mucho. De todos modos, la aplicación de la Ley requiere una mayor formación en los cuerpos de la Administración Pública para su aplicación, y también en los directivos de las empresas. El Plan de igualdad que se exige a las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras podría ser un buen instrumento si se usa adecuadamente. Por otra parte, el reto está en los temas de conciliación entre vida familiar y laboral, y su puesta en práctica requiere una educación de los ciudadanos. La legislación ayuda pero no puede, ni debe, introducirse en determinados espacios privados. Se trata de establecer un verdadero reparto en el uso del tiempo en las tareas de cuidado de personas dependientes y en las tareas domésticas. María Elósegui Itxaso María Elósegui Itxaso es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza. Miembro Correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Es investigadora de la Fundación Alemana Alexander von Humboldt. Forma parte del Cuerpo Docente de la Academia Europea de Teoría del Derecho, con sede en Bruselas, en las Universidades Saint Louis y en la Universidad Flamenca de Bruselas (Facultés Universitaires Saint Louis y Katholieke Universiteit Brussel). Visiting Professor de las Universidades de Toronto (Canadá), Chicago y UCLA (Los Ángeles). Ha elaborado (junto con otros tres expertos) el proyecto de Ley Orgánica de Garantía de Igualdad entre mujeres y hombres por encargo del Gobierno español, y asimismo ha participado en la elaboración de otros textos relacionados con el género. A lo largo de su carrera académica ha sido invitada a participar en calidad de experta en foros internacionales relacionados con temas de género y de interculturalidad. Dirige Aequalitas. Revista Jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que lleva diez años de andadura (1999-2008). En noviembre de 2008 obtuvo el Premio Luis Portero de Derechos Humanos otorgado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, premio patrocinado por el ayuntamiento de dicha ciudad, en honor del fiscal Luis Portero, asesinado por ETA en el año 2000.
